Interprete de lenguaje de signos
El dinero público no fluye para los intérpretes de lengua de signos que trabajan en la educación madrileña. La plantilla lleva hasta tres meses sin cobrar. “No es un hecho puntual, es una situación que llevamos padeciendo ya varios años”, relata a EL BOLETÍN una trabajadora de la entidad encargada de este servicio externalizado por parte de la Comunidad de Madrid.
La Asociación CILSEM, adjudicataria del concurso lanzado hace años por el Gobierno madrileño, reconoce a este medio el impago aunque matiza que se trata de de “algo puntual”. La entidad achaca la situación a que la Consejería de Educación no ha facilitado el dinero después de que el nuevo concurso haya quedado desierto
Sin embargo, los trabajadores no coinciden con esta versión de CILSEM: “Casi siempre pagan con retrasos. Pocos meses pagan al día”. De hecho, narran que hasta en las nóminas están las “pruebas” de que no abonan las nóminas a tiempo. Mientras, la plantilla asegura que la Comunidad de Madrid les traslada que “ya han dado el dinero a la empresa”.
Aun así, en esta ecuación tampoco falta, según la profesional, la responsabilidad de la Consejería de Educación: “Nos sorprende la falta de control, su desinterés y su poco seguimiento de los servicios que licitan. Da la sensación de que ellos eligen la oferta más económica sin importarles el servicio real que se da”.
En todo caso, el argumento del concurso desierto y ese ‘vacío legal’ por la prórroga del servicio no termina de cuadrar a esta trabajadora que pide guardar su anonimato: “Me lo creo para el mes de octubre pero, por ejemplo, mayo lo cobré en julio o agosto”. Es más, apuesta porque el mes de noviembre lo pagarán en 2019.
“Llevo varios años y siempre con las excusas. Junio, septiembre y octubre (son despedidos en verano para luego ser contratados de nuevo con el inicio escolar) no lo han pagado. Hasta la Inspección de Trabajo les multó por los impagos”, completa.
A pesar de las “excusas”, la plantilla ya está tanteando posibles acciones al ver que “siempre están con que no hay dinero”. Y la palabra “huelga” no ha tardado en entrar en escena: “La gente lo pide”.
En cuanto a las condiciones laborales, la crítica de la plantilla también aparece: trabajan por varios centros educativos de la Comunidad de Madrid -concretamente en Secundaria, Bachillerato y FP, mientras asesores para sordos lo hacen en Primaria- durante 30 horas semanales por un “salario irrisorio”.
Según desvela la intérprete, apenas son 900 euros netos por un sueldo congelado (no se revaloriza el salario en función del IPC). Es más, ni tan siquiera “se cubren todas las horas del alumnado”. Lo que implica, según concluye, que siempre hay una asignatura o una tutoría en la que el estudiante no tiene ese apoyo.
EL BOLETÍN ha intentado ponerse en contacto con la Consejería de Educación, pero sin éxito. Trabajadores y CILSEM aseveran que la Administración conoce la situación.
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