Imagen de una vivienda en alquiler
El viernes se cumplirá un mes desde que el Parlament aprobase la ley que limita el precio de los alquileres en Cataluña, una norma impulsada por el Sindicato de Inquilinos de esta comunidad. Ahora, junto a colectivos de otras regiones, pide al Gobierno que extienda esta medida al resto de España ante una situación que advierten que es “insostenible”.
“En el último lustro los alquileres han aumentado 30 veces más que los sueldos en España. Desde el 2013, el precio medio del alquiler ha subido más de un 50%, obligando a muchas familias a dedicar más de la mitad de sus ingresos a pagar el alquiler”. Así arranca la carta que Sindicatos de Inquilinos e Inquilinas de Cataluña, Madrid, Málaga, San Sebastián, Zaragoza, Ibiza y Formentera han dedicado al Ejecutivo. En concreto, al presidente Pedro Sánchez y al vicepresidente segundo Pablo Iglesias.
En la misiva estos colectivos recuerdan que “7 de cada 10 desahucios son por impago de alquiler” y el panorama “se ha visto agravado por la pandemia y las consecuencias económicas derivadas de ella”. De ahí que pongan sobre la mesa la Ley de medidas urgentes en materia de contención de rentas en los contratos de arrendamiento de vivienda en Cataluña aprobada el pasado septiembre.
“La iniciativa catalana”, afirman, “coincide plenamente con las propuestas recogidas en el acuerdo de coalición a las que su Gobierno se comprometió”. “Concretamente, con las medidas normativas previstas para ‘poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado’ (punto 2.9.3)”, recuerdan los inquilinos, que destacan que en el mencionado pacto se prevé habilitar las comunidades y/o ayuntamientos para establecer índices de precios, y también en el caso de los ayuntamientos para declarar zonas urbanas de mercado tensionado, de acuerdo con criterios objetivos.
Según defienden, “no entenderíamos otra reacción a la ley catalana que respetarla, así como trabajar para su blindaje y extensión al resto de Comunidades Autónomas del Estado”. Y es que, todas estas medidas no serían “sino el cumplimiento del artículo 47 de la Constitución”, exponen.
Para abordar esta cuestión, así como plantear sus propuestas y “trabajar conjuntamente para desarrollar iniciativas que garanticen el derecho a la vivienda”, los sindicatos solicitan una “reunión de urgencia”. Tal y como destacan, “es imprescindible dar respuesta a las necesidades de miles de personas y familias que ven atropellados sus derechos”.
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