Los inquilinos en manos de fondos buitre critican la “cobardía” de Ana Botella

La sentencia del Tribunal de Cuentas que condena a la exalcaldesa de Madrid Ana Botella y a siete de sus entonces altos cargos por vender por debajo de precio 1.860 viviendas públicas a dos fondos buitre en verano de 2013 ha sido recibida con alegría por las familias que fueron directamente perjudicadas por la operación.

Especialmente satisfecha con la resolución se ha mostrado la presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas Públicas de la EMVS, Arancha Mejías, que ha pedido a la exregidora que “no sea cobarde” y que en “lugar de defenderse como gato panza arriba”, asuma su responsabilidad. Señalando que el argumento de que no intervino en la operación “no se lo cree nadie al tratarse de la decisión de una empresa municipal” y recuerda que “solo hay que tirar de archivo” para ver la defensa que hizo de la transacción.

Mejías reconoce que al principio esta mañana pensó que era una inocentada y que sólo cuando la noticia sobre la sentencia se confirmó pasó del estupor a la satisfacción. Una felicidad que es mayor cuando recuerda que “hace dos años por Navidad me querían desahuciar de mi casa por presidir la asociación”, por lo que piensa que está bien que ahora sea otra familia, “ la familia Aznar Botella a la que ‘se le haga bola el polvorón’”.

La presidenta del colectivo de afectados reconoce que la resolución del Tribunal de Cuentas no les beneficia de manera directa, pero cree que el hecho de que se haya una sentencia en la que se habla de un quebranto de las arcas públicas y se impone una multa tan elevada, puede ayudarles en los procesos penal y civiles que tienen en marcha.

Y recuerda que tras cinco años de movilizaciones, medio centenar de familias siguen viviendo en la incertidumbre, después de haber sufrido subidas de rentas de hasta un 43% Un endurecimiento de las condiciones del alquiler por parte de los nuevos ‘caseros’ que provocó que muchos de estos inquilinos tuvieran que dejar sus hogares voluntariamente o través de desahucios “silenciosos, sin hacer ruido”. “ Y esa es una batalla que ya hemos perdido”, reconoció Arancha Mejías.

“Sabor agridulce”

La noticia deja, por tanto, un “sabor agridulce” a los vecinos afectados, admite Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM).

El representante vecinal considera que es “una buena noticia” la sentencia pero subraya que lo que las familias damnificadas por la venta de sus pisos protegidos a un inversor privado necesitan es que la operación sea considerada ilegal por un juez y pueda revertirse para que los inquilinos puedan recuperar los derechos que adquirieron cuando se les adjudicaron dichas viviendas de la EMVS.

Villalobos expresa, en declaraciones a EL BOLETIN, su satisfacción por el hecho de que fin “las absolutas irregularidades” que se cometieron en la transaccion sean “un calificativo oficial” por parte de un tribunal y de que “una sentencia se ponga por fin del lado de quienes venimos denunciando, desde hace cinco años, el quebranto que sufrió el patrimonio municipal con dicha operación”. Aunque insiste en que la resolución no restituye el daño que han sufrido las familias afectadas “ni soluciona el problema gravísimo de emergencia habitacional que sufre la capital por la falta de vivienda pública”.

En opinión del presidente de la FRAVM, 25 millones de euros, que es lo que se reclama a Botella y su equipo, es un “precio muy barato” por haber dejado el precio de los alquileres sociales en manos de los fondos buitre, y recuerda que aquel verano de 2013 se dio el primer paso para el reinado de Blackstone en nuestro país, y se puso una primera piedra para la subida del precio de la vivienda, tanto en alquiler como en venta.

Acceda a la versión completa del contenido