Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid
La Asociación Empresarial Hotelera de Madrid (AEHM) tiene la fórmula que ha provocado la llamada turismofobia. Y es que el sector ha acusado a la “falta de regulación” de la Comunidad de Madrid como el principal causante del conflicto después de ver que se ha permitido el “crecimiento descontrolado” de los apartamentos turísticos que colapsan ciudades.
El presidente de AEHM, Gabriel García Alonso, en declaraciones a Europa Press, ha apuntado que el rechazo de los vecinos hacia los turistas tiene como origen la “no respuesta” del Gobierno de Cristina Cifuentes al aumento de los alojamientos turísticos. De hecho, el nuevo borrador de la ordenanza que prepara la Comunidad de Madrid no es la salida; todo lo contrario.
“Si ahora mismo no tenemos claro cuántas viviendas de Airbnb hay en Madrid, que algunos dicen que 13.000, otros que 15.000, que si 20.000… permitir el alquiler por habitaciones hace imposible controlarlos”, ha criticado García Alonso. Es más, aprobar esta medida volvería “todavía más incontrolable” la situación al dejar alquilar las casas por habitaciones. Por ello, el presidente de AEHM no ha dudado en cargar contra Cifuentes al no estar “siendo consecuente” con el problema que existe.
Desmontar la norma que prepara la Comunidad
A pesar de que el borrador del decreto de la Comunidad de Madrid permite que en “los estatutos de las comunidades de propietarios se podrá incluir la prohibición expresa de que haya viviendas de uso turístico en el edificio”, García Alonso lo ve únicamente como “papel mojado”. “Es completamente incumplible porque el decreto dicta que las decisiones de la comunidad de vecinos se tienen que hacer por unanimidad”, ha criticado. De esta manera, en el caso de que un vecino quisiera ofertar su apartamento para el uso turístico, podría hacerlo aún contando con la desaprobación completa de su bloque de viviendas ya que, con su voto, se rompería la unanimidad requerida.
Un problema en la región madrileña donde la AEHM ha valorado que el número de plazas en viviendas de alquiler de uso turístico sin registrar “atenta contra la sostenibilidad del destino e impulsa la turismofobia”.
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