Según ha anunciado el presidente de CSIF, Miguel Borra, se van a convocar concentraciones frente al Ministerio de Hacienda y las subdelegaciones del Gobierno de todas las provincias los días 11 de noviembre y 16 de diciembre. Y aquí no quedarías las protestas, ya que la organización sindical no descarta “medidas más contundentes si el Gobierno no reacciona”.
El sindicato entiende que se “deben abordar sin más demora” la negociación, entre otras cuestiones, de un nuevo acuerdo salarial, ya que “el actual concluye a finales de diciembre”, así como la recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, “con el cobro íntegro de la paga extra”, y la “negociación de una nueva oferta de empleo público para 2025 eliminando la tasa de reposición”.
Además, piden tratar la “culminación del plan de estabilización de plazas de personal interino” y la jornada laboral de 35 horas en el conjunto del Estado e implementación de la carrera profesional en todas las administraciones, así como del teletrabajo.
Equiparación salarial entre las distintas administraciones públicas, mejora de las condiciones de jubilación o garantías de la continuidad de la atención sanitaria con el mutualismo administrativo, son otros de los temas sobre los que quieren hablar.
Desde CSIF, Borra ha manifestado su preocupación “ante la incapacidad del Gobierno para alcanzar un acuerdo de financiación y en materia de Presupuestos, que permitan poner en marcha las reformas que necesitan las administraciones públicas, cada vez más tensionadas en ámbitos tan importantes como la Sanidad, la Educación, los Servicios Sociales o la Administración General del Estado”.
Esta administración acumula un déficit de 43.000 plazas correspondientes al periodo 2010-2020 y el 60% de la plantilla se jubilará a lo largo de los próximos diez años. Esta circunstancia, ha alertado el sindicato, “pone en peligro la sostenibilidad de nuestra Administración”.
Coincidiendo con la convocatoria de movilizaciones, CSIF ha presentado un informe que pone de manifiesto la pérdida de poder adquisitivo del conjunto de los empleados públicos desde los recortes de 2010 y las diferencias retributivas entre los trabajadores de la Administración General del Estado y el resto de administraciones.
El informe revela que los empleados públicos de esta administración cobran de media 8.000 euros menos al año que los trabajadores de comunidades y ayuntamientos por el mismo trabajo. Esta cifra es la media de las desigualdades retributivas que padecen los funcionarios (8.690 euros menos anuales de media) y el personal laboral (7.380 euros menos).
La horquilla de diferencias salariales en función de grupos y categorías varía entre los 11.826 y 4.349 euros, en el caso del personal funcionario; y los 10.087 y los 3.523 euros, en el caso del personal laboral.
El estudio de CSIF calcula que el importe para lograr la equiparación salarial en la Administración General del Estado sería de 1.487 millones repartidos entre 2025, 2026 y 2027, hasta lograr la igualdad salarial plena en 2028.
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