La carrera a las elecciones generales del 10-N empieza a calentarse. A poco más de un mes para esta nueva cita en las urnas los partidos ya despliegan toda su artillería con sus lemas bajo el brazo. Ante esto, varios colectivos aprovechan para ponerles deberes. Entre ellos, los funcionarios, cuyas peticiones pasan por un nuevo acuerdo salarial, jubilación anticipada voluntaria desde los 60 años y revertir las privatizaciones.
“El presidente del Gobierno en funciones pidió a los españoles que se pronuncien con mayor claridad en las próximas elecciones. Nosotros vamos a ser muy claros”, asegura CSIF en un documento con sus “líneas estratégicas” para los próximos cuatro años en el que lanza una advertencia. “El voto de 2,5 millones de trabajadores de las Administraciones y sus familias puede ser determinante” el 10 de noviembre.
Tras este aviso, el sindicato traslada a los partidos una serie de medidas para mejorar las condiciones laborales de los empleados públicos. En primer lugar, reclaman que se negocie un nuevo acuerdo en materia salarial. Según CSIF, este colectivo “ha contribuido de manera notable y directa a la recuperación económica y al cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Gobierno”. Y lo ha hecho, “soportando una parte importante de austeridad llevado a cabo en los últimos diez años”. Un “sacrificio” por el que los funcionarios “aún arrastramos una pérdida de poder adquisitivo de hasta un 19,61 por ciento desde 2010” y que debe llegar a su fin.
“La recuperación de la estructura salarial previa a los recortes de 2010, que permite que los empleados públicos perciban el 100% de la paga extra”, es otra de las exigencias de CSIF a los partidos, a los que deja claro que “igual trabajo, igual salario”. O lo que es lo mismo, que acaben las desigualdades retributivas entre funcionarios dependiendo de las diferentes administraciones públicas.
Siguiendo con esto último, el sindicato también solicita que se establezca la jornada laboral de 35 horas para “todos” los empleados públicos sin importar la comunidad.
Un plan de rejuvenecimiento de la Administración, con la renovación de hasta 300.000 puestos de trabajo en cuatro años y reducción de la temporalidad, también aparece en el mencionado documento. Y es que, 1,3 millones de personas trabajadoras en el conjunto de las administraciones públicas tienen más de 50 años (42%). Además, propone la “recuperación” de la jubilación voluntaria a los 60 años.
A todo esto hay que sumar la necesidad de “revertir la competencia sobre los servicios públicos externalizados y privatizados”. “A lo largo de estos últimos años ha sido práctica habitual que, al amparo de la falta de recursos humanos en los servicios públicos, parte de ellos se hayan externalizado, incrementando sustancialmente el gasto público”, lamenta CSIF, que pide también permisos de paternidad y maternidad de 20 semanas.
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