Albero Ruiz Gallardón, exministro de Justicia
La reputación de Alberto Ruíz-Gallardón sigue cayendo en picado. Este viernes se ha desvelado que los fiscales que investigan la ‘operación Lezo’ sospechan que el desvío de fondos públicos en el Canal de Isabel II comenzó durante la etapa de Gallardón como presidente de la Comunidad de Madrid (1995-2003). Los fiscales se refieren concretamente a la creación de Extensia, la sociedad – con sede en Panamá – que emplearon para comprar Inassa por 83 millones, cuando su valor era de 8 millones.
Esa operación data de 2001, cuando Gallardón era presidente de la región y Pedro Calvo ostentaba la presidencia del Canal. “El desvío de dinero a operaciones ajenas a la institución se remonta a 2001 y afecta a las propias instituciones de gobierno de la Comunidad de Madrid de aquel entonces”, aseguran los fiscales en declaraciones obtenidas por eldiario.es.
En ese momento, Garrigues y Cuatrecasas avisaron a Gallardón – a través de varios informes – de las irregularidades que pudieron llevarse a cabo en la operación de compra de Inassa. Sin embargo, ni Gallardón ni Esperanza Aguirre después hicieron nada por evitarlo o enmendarlo, asegura el diario de Ignacio Escolar.
Por lo tanto, los fiscales aseguran que han hallado “indicios de criminalidad contra determinadas personas u organismos” y que esa actuación presuntamente delictiva tiene su origen “en actividades que se inician en 2001 con la compraventa de la mercantil Inassa”.
Este proceso de investigación ampliado por los fiscales dentro del marco de la ‘operación Lezo’ – en contra de la idea inicial del fiscal Anticorrupción – podría no haber existido si no fuera por la previsión de los fiscales, que en noviembre de 2016 soilicitaron a Eloy Velasco que dictara un auto de dirección de procedimiento contra Ruiz-Gallardón para interrumpir la prescripción del delito de malversación de fondos públicos en el que pudiera haber participado quince años antes.
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