Mariano Rajoy, presidente del Gobierno
Los problemas de seguridad en los programas y aplicaciones informáticas de la Administración de Justicia, como los errores en LexNET, han ‘salpicado’ al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. El Sindicato de Trabajadores de la Administración de Justicia (STAJ) ha dirigido una carta al jefe del Ejecutivo en la que critica la “inacción” del Gobierno ante esta situación y reclama que se tomen las medidas necesarias para que estos fallos no vuelvan a darse.
Según el STAJ, el Ejecutivo del PP “ha primado vender a los medios de comunicación y a la sociedad la esperada modernización de la Justicia con una precaria inversión tecnológica”. “Lejos de mejorar su eficacia se está desvelando regresiva por los continuos fallos tanto a nivel de hardware como de software”, afirma este sindicato, que denuncia que estas aplicaciones se han implantado “sin los suficientes testeos y pruebas de correcto funcionamiento”
“LexNET, Orfila, Minerva y desconocemos cuántos más sistemas están padeciendo deficiencias y vulnerabilidades graves de seguridad”, insiste STAJ, que ha pedido el cese de los máximos responsables de este “desaguisado”.
Y es que, la modernización de la Justicia de la que hace gala el Gobierno de Rajoy “más pareciera dirigida por el genial Francisco Ibáñez en una de sus descerebradas historias sobre la T.I.A”.
Por ello, el sindicato ha enviado una carta al presidente del Gobierno tras la remitida hace unos días al ministro de Justicia, Rafael Catalá, “en tanto no se identifique el alcance exacto de los gravísimos fallos de seguridad detectados” en sistemas como el mencionado LexNET. En su opinión, es necesario que se tomen todas las medidas posibles. Incluso, proponen la suspensión de toda la actividad de los programas cuya seguridad está comprometida, así como a la anulación de todos los certificados electrónicos de usuarios de LexNET y la expedición de nuevos certificados y claves de accesos. De esta manera se podría “reponer” la seguridad de las comunicaciones telemáticas dentro de la Administración de Justicia y la protección de todos los datos, tanto personales como públicos.
Asimismo, según un comunicado de STAJ, en esta misiva se advierte de que “ante el cariz del asunto” su gabinete jurídico está “estudiando la viabilidad de ejercer las oportunas acciones legales que puedan concluir en una responsabilidad civil del Estado, de resultar probado que los datos de funcionarios públicos han sido indebidamente custodiados”.
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