El presidente del Gobierno regional, Fernando López Miras, en una rueda de prensa
Así consta en el dictamen emitido por este grupo de expertos, al que ha tenido acceso Europa Press, y en el que el ponente ha sido el exdiputado de Izquierda Unida en el Parlamento andaluz y exmarido de la ministra portavoz y de Hacienda, María Jesús Montero, Rafael Ibáñez Reche.
El pasado 25 de marzo se reunió la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo en el Congreso de los Diputados, y ahí el PP votó en contra de declarar a estas personas tránsfugas, por lo que esta declaración formal se encargó a cinco expertos para dirimir si había o no transfuguismo en la moción de Murcia.
En un primer momento, el grupo de estos cinco expertos estaban formados por, además de Rafael Ibáñez, Pilar Navarro Rodríguez, que fue secretaria general en el Gobierno andaluz de Susana Díaz; Dolors Canals, profesora titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Girona; Silvia del Saz, exletrada del Tribunal Constitucional entre 2011 y 2015 y exdirectora General de Suelo de la Comunidad de Madrid con Esperanza Aguirre; y Mariano Pérez-Hickman, exdiputado del PP y asesor jurídico de los ‘populares’.
Sin embargo, el PP ha asegurado que Mariano Pérez-Hickman ha dimitido de esta Comisión de expertos y, en boca de los dirigentes ‘populares’ murcianos, este dictamen «no tiene validez» porque «el ponente es imparcial».
En cualquier caso, esta Comisión finalmente ha decidido considerar la conducta de los ya exdiputados de Cs en la Asamblea de Murcia, Francisco Álvarez García, María Isabel Franco Sánchez, María del Valle Miguélez Santiago y Alberto Castillo Baños, como constitutiva de transfuguismo al haber tumbado la moción de censura presentada por su grupo y el PSOE contra López Miras.
Sobre el papel del presidente murciano en el transcurso de esta moción de censura, el dictamen señala que López Miras tuvo una «participación activa» en la «alteración» de las mayorías políticas para evitar la moción de censura.
Por ello, estos expertos acusan directamente al mandatario autonómico ‘popular’ de haber «recompensado» a estos tránsfugas con cargos en el Gobierno regional y todo ello, según recalca el dictamen, «con ostentación de la situación tránsfuga».
En este contexto, también sitúan a López Miras como «tránsfuga», una conducta que también alcanza al resto de los miembros del Consejo de Gobierno murciano, salvo los ya calificados como tránsfugas.
Una vez conocida la designación de Rafael Ibáñez como ponente de la Comisión, el PP presentó alegaciones en las que señalaba que tenía dudas sobre su «carácter imparcial e independiente» y solicitaba la suspensión de la actividad de la Comisión hasta que no se nombrara un nuevo grupo de expertos que reunieran la condición de «independencia, objetividad y neutralidad.
Sin embargo, la Comisión decidió finalmente no interrumpir su funcionamiento alegando que no se había acreditado la existencia de ninguna circunstancia personal ni profesional que no concurriera ya en Rafael Ibáñez cuando la Comisión de seguimiento le nombró experto independiente.
En cualquier caso, la consideración de actitud de transfuguismo por parte de esta Comisión no tiene consecuencias jurídicas pero sí que sirve para, según aseguró el diputado socialista portavoz en esta Comisión Alfonso Rodríguez, para hacer un «reproche moral, ético y político».
En su exposición de motivos, el dictamen se apoya en las distintas adendas refrendadas por el Pacto Antitransfuguismo para señalar como «tránsfugas» estas actitudes y rechaza las alegaciones del PP en las que afirmaban que el cambio de estas eprsonas se dio para asegurar el pacto de Gobierno con Ciudadanos.
Así, inciden en apuntar al hecho de que estas personas «tránsfugas» participaron en una operación política y tres de ellos aceptaron un cargo en el Gobierno regional a cambio de su voto en contra y, según subrayan, pactaron con el PP de forma «personal» y a «espaldas» de su formación.
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