La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Foto: Comunidad de Madrid)
Así lo señalan desde ARBA, Asociación Ecologista del Jarama El Soto, Ecologistas en Acción de la Comunidad de Madrid, GRAMA, Liberum Natura y Jarama, que aseguran que las declaraciones de Ayuso al respecto “carecen de ningún fundamento jurídico ni técnico”. “Están completamente alejadas de la realidad”, insisten estos colectivos, que advierten de que “pueden provocar una alarma social del todo injustificada”.
Tal y como exponen en una nota conjunta, el plan hidrológico “no pone en riesgo el agua de Madrid ni supone ningún boicoteo al sistema de abastecimiento”. Es más, “garantiza del abastecimiento de la Comunidad de Madrid (al igual que del resto de poblaciones de la cuenca) como así marca la legislación de aguas”.
Según apuntan, “la demanda urbana de las poblaciones abastecidas por el Canal de Isabel II está situada en 510,3 hm3/año, mientras que las presas gestionadas por del Canal de Isabel II tienen un volumen de embalsamiento de 943,6 hm3/año”. “Es decir”, continúan, “el sistema de abastecimiento de la Comunidad de Madrid no está comprometido y garantizado tanto desde el punto de vista legal como desde el punto de vista de infraestructuras disponibles”.
Asimismo, niegan que el plan hidrológico ponga trabas a los trasvases para el abastecimiento y afirman que “no supone ningún obstáculo a la planificación”. Estos colectivos ecologistas explican también que “la Comunidad de Madrid no tiene ninguna potestad en cuanto a la planificación de las cuencas hidrográficas de su territorio, es una atribución que corresponde al Estado según la ley de Aguas”.
En cuanto a la depuración, a estas asociaciones les “llama la atención” que Ayuso señale que este plan “supone un obstáculo a los requisitos” de la misma cuando, sostienen, “las depuradoras del Canal de Isabel II son los principales responsables de la contaminación de los ríos madrileños y del incumplimiento de los objetivos ambientales de la Directiva Marco del Agua”.
Los ecologistas lamentan que el Gobierno autonómico esté “utilizando los recursos de los madrileños y madrileñas en recursos judiciales sin sentido y sin fundamento, cuando los problemas del agua en la región están en la consecución de los objetivos del buen estado de las masas de agua, cuyo principal responsable de su contaminación es la insuficiente depuración procedente de las estaciones de depuración del Canal de Isabel II”.
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