La presidenta del Congreso, Meritxell Batet.
“Mediante esta carta, deseamos informarle”, afirman, que “hemos tenido conocimiento de que hemos sido víctimas del spyware Pegasus, incluso durante esta misma Legislatura”. De esta manera arranca la misiva que los citados parlamentarios y parlamentarias en activo han remitido a Batet. En ella destacan que según The New Yorker “este caso de espionaje político es hasta el momento el más importante en número de personas afectadas que se ha certificado en Europa”.
“Un hecho doblemente grave es que entre las más de 60 personas espiadas hay varios cargos públicos en ejercicio de su cargo, entre ellos nosotros”, remarcan. Ante esto, “como miembros de las Cortes Generales, consideramos que no solamente se nos habrían vulnerado nuestros derechos fundamentales, a cuya protección sirven nuestras prerrogativas parlamentarias, al vulnerarse las garantías para poder hacer un trabajo político en libertad”.
Tal y como apuntan, “la libertad de expresión, la inviolabilidad de las comunicaciones, la intimidad, la libre formación de la voluntad política y la libre expresión de la misma han quedado gravemente comprometidas y amenazadas”. Y “con ellas”, continúan en su carta, “el pluralismo político y la democracia”.
Es más, remarcan que “habida cuenta de las relaciones políticas que se mantienen por parte de estos grupos con el resto de las fuerzas políticas, indirectamente este caso de espionaje ha supuesto un ataque a todo el Congreso de los Diputados y a su funcionamiento efectivo”. “La inviolabilidad de la Cámara (Art. 66.3 CE) es una garantía institucional que es condición necesaria para asegurar la independencia del Congreso”, inciden.
Por todo esto, “y ante este ataque a nuestra actividad política y a nuestros derechos fundamentales”, solicitan amparo a la Presidencia de la Cámara e instan a Batet a investigar “quién está detrás de esta intrusión en nuestros dispositivos telefónicos y a tomar las medidas oportunas para que un hecho similar no se pueda volver a producir”.
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