Los diputados deberán informar de sus reuniones con lobbys y detallar sus actividades en el pasado

El Congreso mirará con lupa a los diputados que salgan de las elecciones generales del 28 de abril. Los elegidos para ocupar los escaños en la XIII Legislatura se someterán a un Código de Conducta, de carácter vinculante, que fija nuevas obligaciones para los parlamentarios. Entre ellas, la publicación de la agenda institucional -incluidas sus reuniones con lobbys-. Asimismo, se creará una Oficina de Conflicto de Intereses, que “comprobará la veracidad del contenido de las declaraciones” registradas.

Según informa la Cámara baja, este Código de Conducta será de aplicación a todos los diputados durante su mandato y establece “los principios que deben regir el comportamiento” de estos parlamentarios. Este texto determina que “deberán tomar todas las medidas necesarias para evitar que se produzcan conflictos de intereses”. Para el Congreso existiría tal conflicto “cuando tenga un interés personal, tanto directo y propio como a través de una persona singularizada, que pueda influir de manera inadecuada en el cumplimiento de sus deberes como parlamentario, de tal forma que se pueda poner en duda la objetividad e independencia del Diputado”.

Si este conflicto de intereses no se puede resolver el parlamentario “lo pondrá en conocimiento antes de que se inicie el debate del punto de que se trate” a los órganos competentes, que resolverán lo que proceda. El Registro de Intereses dependerá directamente de su presidente, “sin perjuicio de que su gestión administrativa corresponda a los órganos competentes de la Secretaría General”.

Además de las declaraciones de actividades y bienes, los diputados tendrán que declarar también “las que hayan desempeñado en el pasado y que le hayan proporcionado ingresos económicos”. A esto hay que sumar “la obtención para sí, antes de iniciar su actividad como diputado, de donaciones u obsequios y beneficios no remunerados de cualquier naturaleza que sea relevante por su valor u otra causa; o cualquier otro detalle que el parlamentario considere importante a efectos de conflicto de interés”.

En este nuevo Código de Conducta aparece que los parlamentarios “se abstendrán de recibir obsequios o beneficios similares que puedan ser razonablemente percibidos como un intento de influir en su conducta”.

Entre las novedades en este texto se fija que cada diputado “deberá hacer pública su agenda institucional en el Portal de Transparencia del Congreso, incluyendo en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés”. Respecto a esto, son considerados grupos de interés a los lobbys. Asimismo, a “aquellas personas físicas o jurídicas o entidades sin personalidad jurídica que se comuniquen de forma directa o indirecta con titulares de cargos públicos o electos o personal a su cargo en favor de intereses privados, públicos, particulares o colectivos”.

Los parlamentarios sólo podrán acudir a misiones de observación electoral en el extranjero “haciendo uso de su condición de parlamentarios” previa autorización de la Mesa del Congreso de los Diputados y “deberán mantener una estricta imparcialidad”.

Por su parte, la Oficina de Conflicto de Intereses “tendrá funciones de comprobación de la veracidad del contenido de las declaraciones incluidas en el Registro de Intereses y hará un informe anual, que mantendrá la confidencialidad sobre los casos “que hayan planteado dudas de interpretación”.

Respecto a posibles infracciones y sanciones, el presidente de la Cámara puede solicitar la apertura de un procedimiento para dilucidar si se ha producido una infracción del presente Código por parte de un diputado. En este caso, explica el Congreso en una nota, se oirá al afectado y se propondrá una sanción, aunque se elude decir de qué tipo.

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