Los consumidores ya han pagado 80 millones a la banca por Castor… y aún quedan 4.650 millones

Los consumidores de gas pagaron el año pasado en sus recibos más de 80 millones de euros por la deuda asociada a la indemnización por el cierre del almacén subterráneo Castor, de los que más de 57 millones fueron intereses. Pero la factura que habrá que asumir en los próximos 29 años aún es ‘gorda’: quedan 4.650 millones, según los cálculos hechos en 2014 por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que irán a parar a manos de los bancos titulares de los derechos de cobro de la compensación.

La indemnización que cobró entonces ACS por la paralización del almacén de gas fue de 1.350 millones de euros, un coste asumido por Enagás que se tradujo en una deuda del sistema gasista pagada durante 30 años a través del recibo de los consumidores. Los 1.350 millones cuentan con un interés del 4,27%, lo que ascendía la cifra inicial, de acuerdo a la OCU, a 4.731 millones, es decir, las entidades que actualmente son titulares de los derechos de cobro de la compensación se embolsarán unos 3.300 euros en intereses.

En el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) sobre el estado actual de la deuda gasista publicado este miércoles, el dato sobre quiénes son los titulares de cobro de estos derechos aparece como confidencial. Fuentes del ‘superregulador’ consultadas por ElBoletín.com, hay datos que en sus informes el organismo declara como confidencial porque “pueden afectar al secreto industrial o comercial de las empresas”.

Según consta en el informe anual de Enagás del ejercicio 2014, ese año la compañía firmó un acuerdo con “varias entidades financieras en virtud del cual cedió a las mismas el derecho de cobro con cargo al sistema gasista que le confiere el mencionado Real Decreto-ley”. La compañía explica en el documento que, en base al acuerdo, “transfirió a las citadas entidades financieras las obligaciones y los derechos contractuales inherentes a la propiedad del activo financiero transferido y, por tanto, dio de baja del Balance de Situación el activo financiero, al considerar los Administradores de la Sociedad que se habían transferido sustancialmente todos los riesgos y beneficios asociados al mismo”. “El pasado 11 de noviembre de 2014, dichas entidades financieras hicieron efectivo el pago al titular de la concesión que se extingue, por importe de 1.350.729 miles de euros”, continúa.

Pese a esta ambigüedad en estos documentos, los derechos fueron cedidos a un sindicato de bancos, entre los que se encuentran Santander, Bankia y La Caixa, según apuntaron varias informaciones en su día.

A los 4.731 millones que pagan los consumidores de gas, hay que añadir los costes de mantenimiento del almacén del proyecto Castor, que en 2017 superan los 15 millones de euros, según una orden ministerial de finales de diciembre de 2016 en el BOE por la que se establecen los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas para este año.

La infraestructura nunca ha llegado a estar operativa como almacén. Antes de que pudiera utilizarse como tal, los expertos relacionaron el proyecto con más de 500 que se registraron en 2013 en el entorno de las costas de Vinaròs (Castellón), donde está ubicado. Entonces el Gobierno decidió pagar a la concesionaria Escal UGS, participada en un 66% por ACS, los 1.350 millones en los que se ha valorado la inversión y realizar al mantenimiento.

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