Cristobal Montoro, ministro de Hacienda y Función Pública
La decisión del Ministerio de Hacienda de congelar 4.000 millones de euros adicionales que van a percibir las comunidades autónomas en este 2018 por la falta de Presupuestos Generales del Estado (PGE) no ha pasado por alto para las regiones gobernadas por socialistas. La indignación se ha convertido en la gran protagonista.
“Anomalía”, “Está jugando con fuego” o “Chantaje” han sido algunas de las reacciones de presidentes socialistas al ver la medida de Cristóbal Montoro. De hecho, los dirigentes han reprochado que la retención de Hacienda ponga en riesgo los presupuestos de estas comunidades autónomas.
En este sentido, la Junta de Extremadura, tal y como ha recogido la Agencia EFE, ha recordado que la financiación es “una medida extrapresupuestaria”. Esto significa que el hecho de recibir menos dinero no debe estar sujeto a la aprobación de los presupuestos. Por ello, el consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha no ha dudado en hablar de “chantaje a las comunidades”.
Y es que, según los cálculos del Ejecutivo de Emiliano García Page, la congelación provocaría una merma de 200 millones de euros a las cuentas castellanomanchegas. Por su parte, el presidente de la Comunidad Valenciana, Ximo Puig, ha cifrado esta medida en 353 millones a las arcas valencianas, por lo que no es más que “una anomalía en el funcionamiento de las instituciones”.
Al mismo tiempo, el Govern balear, dirigido por Francina Armengol, también ha cargado contra la actuación de Montoro asegurando que le provocará un recorte de 67,3 millones a la financiación de las islas. Extremadura ha aseverado que recibirán 137,4 millones menos, lo que va a suponer “un mayor esfuerzo” para sufragar servicios fundamentales.
Por último, la Junta de Andalucía ha reprochado “el chantaje permanente al que el Gobierno central somete a las comunidades para aprobar los presupuestos”. En cuanto a las comunidades gobernadas por el PP, la reacción ha sido de tomarlo con prudencia y “tranquilidad” al entender que se trata de una medida temporal de la que esperan que se salga en un plazo razonable.
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