Palau de la Generalitat de Catalunya
Los catorce altos cargos de la Generalitat detenidos este miércoles podrían exponerse a condenas de prisión – más allá de los años de inhabilitación que podrían sufrir – si la Justicia demuestra las acusaciones por las que les han detenido. Desobediencia, prevaricación y malversación.
El juzgado de instrucción 13 de Barcelona ha acordado, en el marco de la investigación que dirige desde el pasado mes de febrero, un total de 41 registros y 14 detenciones en relación al referéndum previsto para el 1 de octubre. Entre ellas, altos cargos como Josep Maria Jové Llado, secretario general de Hacienda y considerado número dos del vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras.
Además, Josue Sallent Rivas (CTTI), Xavier Puig Farré (Oficina Asuntos Sociales), Josep Maria Salvado Tenesa (Conselleria Economía y Hacienda), Oau Furriol Fornells y Mercedes M. Martos, por su relación con el hallazgo de propaganda en una nave, David Franco Marcos, del CTTI, David Palacad Serrano, de la Oficina de Asuntos Exteriores y Juan Manuel Gómez, de la Consejería de Economía y Hacienda.
Por otro lado, la directora general de Servei de la Generalitat, Rosa María Rodríguez Curto, ha sido detenida en Madrid y en estos momentos se encuentra en dependencias policiales de la capital a la espera del traslado a Barcelona.
“No se puede concretar las penas a las que se pueden enfrentar. Para eso se necesita saber muchas circunstancias que se desconocen al estar el caso en secreto de sumario. Aun así, creo que se pueden enfrentar a penas de prisión, sin duda”, asegura el portavoz de Jueces para la Democracia, Ignacio González-Vega a EL BOLETÍN.
Según González-Vega, lo más llamativo del caso es que después de siete meses desde su apertura se reactive ahora y que el caso lleve “tantos meses de secreto de sumario. Es sorprendente. El secreto de sumario es una medida excepcional que se aplique bajo determinadas circunstancias y nunca de manera indefinida”, recuerda el portavoz de la asociación.
La investigación está siendo comandada por el juez Juan Antonio Ramírez Suñer a partir de dos denuncias presentadas por el partido de extrema derecha, VOX, y el abogado Miguel Durán.
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