Las familias afectadas por la venta de viviendas del Ivima –unos 3.000 pisos que el Gobierno de Ignacio González puso en 2013 en manos de un ‘fondo buitre’- han pasado de la ‘indignación’ a acción y han convocado protestas en la calle para pedir que el juez no archive la causa penal como solicita la Fiscalía.
Con el lema “Nuestras casas no son un negocio. No queremos que se dé carpetazo a nuestra querella”, la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del Ivima (AVVI), ha convocado una concentración el próximo martes, 8 de enero, ante los juzgados de la Plaza de Castilla, una acción contra la petición de la Fiscalía de Madrid de Madrid que se archive la causa penal abierta.
Los vecinos perjudicados tienen claro que “después de cinco años de pelea para que se haga justicia y se reconozcan sus derechos como moradores de unas viviendas que en su día fueron públicas y protegidas”, no están dispuestos a que su caso se cierre en falso. Por ello, días después de conocer el cambio de criterio del Ministerio Público en la causa que instruye el Juzgado de Instrucción número 48 de Madrid se manifestarán para rogar al juez que continúe su investigación hasta las últimas consecuencias.
La asociación de damnificados dice no entender qué se debe el repentino cambio de postura de la Fiscalía Provincial, que ahora considera que «no se ha acreditado la existencia del delito de malversación, ni del delito de prevaricación ni del de fraude de funcionarios públicos» cuando antes sostenía que el proceso de enajenación de los inmuebles estuvo «trufado de irregularidades».
Y recuerdan que en 2013, cuando se produjo la “vergonzosa operación” de venta de 2.935 viviendas sociales, 1.865 trasteros y 45 locales públicos del Ivima al fondo buitre Goldman Sachs se encontraba al frente de la Comunidad de Madrid Ignacio González, “político del PP que ha llegado a estar en prisión por su participación en la trama de corrupción del caso Lezo”.
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