Los afectados por la venta de viviendas cargan contra Cifuentes por “proteger” a los fondos buitres

La venta de viviendas públicas que realizó Ana Botella e Ignacio González a beneficio de fondos buitres sigue muy presente. El paso dado por el Ayuntamiento de Madrid para intentar revertir esta operación se ha encontrado la oposición de la Comisión Jurídica Asesora de la Comunidad de Madrid que desaconseja cualquier acción. Algo que no ha pasado por alto para la asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA (AVVI).

Los abogados del Gobierno de Cristina Cifuentes argumentan que revertir la operación supondría “dejar en posible desamparo a los inquilinos” y que se podría “incurrir en vulneración del principio de libertad de empresa”, así como que no se hizo nada fuera de la legalidad. Opinión que no comparte la portavoz de las familias de estas viviendas públicas, Montse González: “Una vez más, la Comunidad de Madrid, en vez de proteger a los ciudadanos afectados con este problema y a las familias que han sido y están a punto de ser deshauciadas, ha preferido proteger y posicionarse con las empresas de los fondos buitres al afirmar que la venta de VPO se produjo legalmente”.

Y es que la asociación recuerda que el movimiento que realizó Ana Botella e Ignacio González vendiendo parte del parque de viviendas públicas sigue en manos judiciales. Montse González, en declaraciones a la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), censura la falta de colaboración del Ejecutivo de Cifuentes con la justicia. “Ya que la Comunidad de Madrid reiteradamente ha defendido a capa y espada que la venta es legal y que no ha intentado lucrarse o hacer negocio con la vivienda pública, debería ser más coherente con sus palabras y presentar pruebas y poner de su voluntad para demostrarlo, por ejemplo, colaborando con la Justicia o al menos no entorpeciendo su acción”, reprocha la portavoz de AVVI.

La falta de colaboración con la Justicia

De hecho, las familias afectadas y la FRAVM no olvidan cómo la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Hacienda han maniobrado “desde el primer momento” para “dilatar al máximo el proceso” judicial sobre la venta de estas viviendas. “Han bloqueado la entregar de informes o la cesión de peritos, hasta el punto de que en julio la instrucción estuvo a punto de cerrarse en falso si no llega a ser por la teción de una prórroga de la Fiscalía”, completan desde la federación vecinal.

El escrito realizado por los abogados de la Comunidad de Madrid no es más que “una gravísima falta de sensibilidad para con estos ciudadanos y ciudadanas”, según la FRAV. “Quien algo teme, algo debe”, insiste Montse González, al ver que desde la Puerta del Sol ya se han lanzado a la piscina afirmando que no hay irregularidad alguna en las operaciones. “Es muy atrevido por parte de la Comunidad de Madrid anticiparse a afirmar que la venta ha sido legal”, sentencia la portavoz de AVVI.

Por ello, la petición que sale desde las familias pasa porque el Gobierno de Cifuentes “no entorpezca a la Justicia, ni consienta o mire hacia otro lado cuando se menciona que los fondos buires se dedican a hacer mobbing inmobiliario a los inquilinos, porque tal y como está actuando hasta ahora parece dar a entender lo contrario”. Mientras, como rescata la FRAVM, “decenas de familias corren el riesgo de ser expulsadas” de sus hogares por el fondo Encasa Cibeles. Algo que vivió en primera persona Aratnxa Mejías, una de las portavoces de las familias.

Una “lucha contínua”, como la titula Montse González, que sigue viviendo nuevos episodios ya sea en la calle, a través de manifestaciones, o en los juzgados. “Se nos está ninguneando y privando de uno de los derechos más importantes que aparece en la Constitución, el derecho a una vivienda digna, que se ha usado únicamente para que unos pocos hagan negocio y se hinchen los bolsillos”, concluye la portavoz de la asociación de Afectados por la Venta de Viviendas del IVIMA.

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