Desahucio en Argumosa 11
El desalojo simultáneo de cuatro familias del bloque de Argumosa 11 ha provocado que este edificio de Lavapiés haya dejado de ser el símbolo de los desahucios frustrados por la presión ciudadana, algo que Fernando Bardena, portavoz de ‘Lavapiés ¿dónde vas?’, achaca al “terrorismo judicial”.
El representante de este colectivo –que forma parte de la plataforma Bloques en Lucha creada para frenar el desalojo a la fuerza de inmuebles de dicho barrio madrileño- define así lo que ha pasado en Argumosa 11 “donde tres juzgados se han coordinado para desalojar a cuatro familias de mismo edificio con notificaciones presentadas en 48 horas para cargarse el buque insignia de la lucha contra los desahucios en Madrid”.
Bardera hace notar que las notificaciones enviadas por los juzgados eran “calcadas”, incluso en las amenazas “inéditas” que se hacía a los inquilinos de que incurrirían en un delito de desobediencia si no abandonaban sus casas.
Este activista se queja de la violencia utilizada por la Policía para facilitar los desahucios ya que “han reventado el portal cuyos cristales han saltado por los aires y a continuación han detenido a seis personas que se parapetaban detrás, a pesar del riesgo de que estos manifestantes resultaran heridos”.
Explica que las viviendas ya han sido tapiadas, las pancartas retiradas de los balcones y que las familias desahuciadas “se han refugiado” de momento en casa de una vecina para no quedarse en la calle, a la espera de que los Servicios Sociales del Ayuntamiento les ofrezcan alojamiento temporal que podría ser un hotel.
Tras el varapalo sufrido por los colectivos que llevan meses movilizándose para impedir los desahucios de estas cuatro familias, Bardera reconoce que aún no saben qué pasos tomarán, aunque sí quiere dejar claro que en Argumosa 11 “no hay ningún okupa” y solo había algunos vecinos que estaban en situación de subarriendo, “como por otra par e ocurre en toda Madrid”.
Lo que si saben a ciencia cierta desde Bloques en Lucha es que hay otros seis vecinos en riesgo de desalojo por los que tienen que trabajar y negociar con la propiedad, precisando que estas seis familias no son okupas sino los titulares legales del contrato de arrendamiento.
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