Ana Botella, exalcaldesa de Madrid
Manuela Carmena ha lanzado el guante a la Comunidad de Madrid para anular la venta de viviendas públicas a fondos buitres que realizó Ana Botella. Y las dudas se han disparado en la Puerta del Sol. La Comisión Jurídica Asesora del Gobierno regional ha considerado que revertir este movimiento dejaría en una situación de desamparo a los inquilinos.
Los abogados de la Comunidad de Madrid ya lanzaron esta visión el pasado 20 de julio en un dictamen aprobado después de que la Consejería de Vivienda del Ejecutivo regional consultara esta posibilidad. Según ha podido conocer Europa Press, pese a que la Comisión Jurídica Asesora no se pronuncia específicamente sobre la venta que demanda Carmena, sí hace consideraciones generales sobre la situación de venta de promociones a fondos de inversión.
De hecho, según los abogados, en su escrito que remitió a la Comunidad de Madrid, concluyeron que no se hizo nada fuera de la ilegalidad ya que la normativa en aquel momento lo permitía. Es más, el organismo regional no entiende las razones actuales para querer revertir esta venta, todo ello sin reconocer que la legislación actual puede generar ciertas dudas.
“No se alcanza a comprender qué razón puede haber para salvar la situación de los inquilinos cuyas viviendas (o promociones o partes de ellas) fueron enajenadas a sociedades o fondos de inversión inmobiliaria, y dejar en posible desamparo a los inquilinos cuyas viviendas fueran enajenadas a otro tipo de entidades”, sentenciaron los abogados en el documento al que ha tenido acceso la agencia de noticias.
La marcha atrás de este proceso que llevó a cabo el Ayuntamiento de Madrid en la era de Ana Botella provocaría, según el dictamen de los abogados, “nuevas iniquiedades que a buen seguro se hubieran querido evitar de haber reparado en que dicho resultado se podía producir”. Asimismo, otro de los problemas que aseguran que se podría dar sería el “incurrir en vulneración del principio de libertad de empresa, ir más allá de los límites en que está permitida la retroactividad de las normas o incluso afectar a las competencias estatales en materia de legislación civil en cuanto que incide sobre la regulación del derecho de propiedad”.
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