Los abogados de la Comunidad de Madrid ‘bendicen’ la venta de viviendas a fondos buitre

La Comunidad de Madrid no dará amparo a los defensores de revertir la venta de viviendas de protección oficial y de protección pública (VPO) a ‘fondos buitre’ que autorizó el Gobierno de Ana Botella en el Ayuntamiento y la comunidad durante la etapa de Ignacio González, ya que la Comisión Jurídica Asesora de la región desaconseja anular la venta con retroactividad.

Lo adelanta elindependiente.com que informa que el dictamen de dicha comisión (en un informe de 59 páginas y de lenguaje abrumadoramente jurídico) “prácticamente liquida la intención de Manuela Carmena de perseguir la ‘nulidad radical’ de dichas transacciones. O de lograrlo por esta vía”.

Por lo que según digital que dirige Casimiro García-Abadillo, Cristina Cifuentes –que ya aprobó una disposición adicional a la ley de vivienda regional a finales de 2015 por la cual el Ivima (Instituto de la Vivienda de Madrid) tiene prohibido privatizar vivienda pública- no irá más allá y no anulará la venta de 1.860 viviendas protegidas a Fidere-Blackstone, ni la de casi 2.935 pisos del Ivima a Goldman Sachs-Azora.

Señala este medio que la comisión asesora, que aprobó su dictamen el 20 de julio aunque éste no ha visto todavía la luz, asegura que estas ventas, a pesar de reconocer el controvertido contexto en que se produjeron, se ajustaron al derecho al ser conformes a la normativa regional sobre Vivienda aprobada en 2013; concretamente al artículo 18 sobre “Transmisión de promoción de Viviendas con Protección Pública para arrendamiento a terceros”.

Y considera la comisión que retroactividad que reclama el equipo de Ahora Madrid podría suscitar “iniquidades que a buen seguro se hubieran querido reparar”. Y que también podría vulnerar “la libertad de empresa”. “No se alcanza a comprender qué razón puede haber para salvar la situación de los inquilinos cuyas viviendas fueron enajenadas a sociedades o fondos de inversión inmobiliaria, y dejar en posible desamparo a los inquilinos cuyas viviendas fueran enajenadas a otro tipo de entidades”.

Según elindependiente.com lo que viene a decir la comisión jurídica es que la venta de VPO entre particulares estaba igualmente permitida -con la llegada de Cifuentes y Carmena se ha retirado la opción de compra para permitir solo vivienda social en régimen de alquiler-; por tanto, sancionar la venta de promociones a fondos buitre sin por ello abordar cualquier otra transacción privada que afectara a inquilinos de la EMVS o el Ivima -se cuentan por miles- sería discriminatorio.

El documento destaca la “complejidad de la cuestión, especialmente por lo que se refiere a la alegada vulneración de la libertad de empresa o a la retroactividad excesiva de la disposición”. “Parece que se quiere entender que, al limitar la posibilidad de enajenación de las promociones de viviendas de protección oficial a determinadas personas jurídicas [fondos buitre, por ejemplo, antes que transacciones entre particulares], se infringe sin más el derecho a la libertad de empresa”. La comisión asesora de la Comunidad habla literalmente de “discriminación”. Pero evita posicionarse sobre si la reversión de la venta de VPO a fondos es anticonstitucional o no.

Hace notar dicho digital que “los fondos buitre han ganado otra batalla”, ya que “la Comisión Asesora Jurídica del Gobierno regional era uno de los últimos cartuchos de la EMVS, cuyo consejo preside la teniente de Alcaldesa Marta Higueras”.

Recordando que el 12 septiembre de 2016 la Empresa de la Vivienda anunció que iniciaba los trámites para pedir la reversión de las transacciones. Un año después y a pesar de los múltiples intentos de Ahora Madrid, la situación no ha cambiado apenas.

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