La Federación de Industrias de San Pablo (Fiesp), la principal entidad empresarial brasileña, ha criticado el acuerdo alcanzado entre el presidente Lula da Silva y su homólogo paraguayo, Fernando Lugo, que pondría fin a las diferencias que durante años han enfrentado a los dos países sobre la forma de explotación de la energía que se produce en la central de Itaipú.
Algunos empresarios brasileños mantienen la esperanza de que el acuerdo no tenga el visto bueno del Congreso, sin embargo, Carlos Mateo Ballmeli, director general paraguayo de Itaipú, ha asegurado a Americaeconomica.com, que Lula se ha comprometido con Paraguay para que el documento sea aprobado.
Rubén Barbosa, del área de Comercio Exterior de la Fiesp, ha cuestionado la generosidad del Gobierno de Brasil con Paraguay, y ha acusado al ejecutivo de Lula de ceder a las demandas paraguayas sólo para ayudar al debilitado presidente del país guaraní. Barbosa considera que con este acuerdo se pone en riesgo la seguridad jurídica brasileña. Si finalmente no se aprueba en el Congreso brasileño, el balón de oxigeno que ha significado para el presidente Lugo este acuerdo, que cumple su principal promesa electoral y eje central de su legislatura sólo un año después de tomar el poder, podría comenzar a desinflarse.
En conversaciones a este diario, el director general paraguayo de Itaipú, Carlos Mateo Balmelli, ha calificado el acuerdo alcanzado entre Brasil y Paraguay sobre la hidroeléctrica Itaipú como histórico, y lo ha considerado como el primer paso firme para la integración energética entre ambos países, que servirá de motor de crecimiento.
Gracias al acuerdo, Brasil triplicará el precio que paga a Paraguay por la energía eléctrica y, además, permitirá su venta gradual en el mercado brasileño sin la intermediación de la estatal Electrobras. A partir de 2010, se producirá un aumento sustancial de las compensaciones que el Gobierno brasileño le paga al país vecino por el excedente energético cedido, a los 120 millones de dólares que recibe en la actualidad se le sumarán 240 millones de dólares más, haciendo un total de 360 millones. Sin embargo, la exigencia paraguaya de poder exportar la energía eléctrica de Itaipú a terceros países, como Argentina, no ha sido aceptada por el Gobierno brasileño, que sólo lo permitirá a partir de 2023, año en que caduca el tratado.
El Tratado de Itaipú, firmado en 1973 cuando ambos países estaban gobernados por dictaduras, estipula que la energía que produce la planta sea dividida en partes iguales. Cada país debe utilizar lo que le corresponde para abastecer su mercado interno, y la energía restante no consumida debe venderla al otro socio, pero no al precio del mercado, sino al establecido en el tratado. Lo que ocurre, es que el único país con excedentes es Paraguay, ya que sólo necesita el 4% de su parte para el consumo interno, y se ve obligado a entregárselos a Brasil a bajo precio, sin poder venderlo en el mercado a otros países.
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