El opositor partido Demócrata (DEM) de Brasil ha pedido al Tribunal de Cuentas que analice el acuerdo firmado con Paraguay sobre la hidroeléctrica binacional de Itaipú, donde se prevé triplicar el precio que paga Brasil por la energía que compra a su socio. El recurso, que ha sido presentado por Paulo Bornhausen, vicepresidente del DEM, pretende investigar la legalidad y la viabilidad económica del acuerdo ante la posibilidad de que tenga repercusión en el erario público.
Paulo Bornhausen considera que es imprescindible examinar los criterios con los que se valieron las autoridades brasileñas para, en detrimento del patrimonio público de la nación, acceder tan fácilmente a las rígidas exigencias paraguayas. De esta manera es fácil prever que el Gobierno de Lula da Silva tendrá grandes dificultades para que el Congreso de su país apruebe el acuerdo alcanzado entre el presidente brasileño y su homólogo paraguayo Fernando Lugo.
Si finalmente no se aprueba en el Congreso brasileño, el balón de oxigeno que ha significado para el presidente Lugo este acuerdo, que cumple su principal promesa electoral y eje central de su legislatura sólo un año después de tomar el poder, le podría explotar en la cara. Además, el acuerdo también tiene que ser sometido a votación en el Congreso de Paraguay, pero a este respecto no se espera ninguna complicación. Al parecer, el vicepresidente Federico Franco, ha formado una comisión para hacer el mejor seguimiento al caso y garantizar que se apruebe el documento con la mayor brevedad.
En un mensaje televisado, el mandatario paraguayo aseguró que en sólo diez meses, gracias a la voluntad política de su Gobierno y del presidente Lula, se ha avanzado en lo que ha sido imposible en más de 30 años. Gracias al acuerdo, Brasil triplicará el precio que paga a Paraguay por la energía eléctrica y, además, permitirá su venta gradual en el mercado brasileño sin la intermediación de la estatal Electrobras. A partir de 2010, se producirá un aumento sustancial de las compensaciones que el Gobierno brasileño le paga al país vecino por el excedente energético cedido, a los 120 millones de dólares que recibe en la actualidad se le sumarán 240 millones de dólares más, haciendo un total de 360 millones. Fernando Lugo ha prometido que los nuevos beneficios se destinarán al desarrollo social de su país.
Sin embargo, la exigencia paraguaya de poder exportar la energía eléctrica de Itaipú a terceros países, como Argentina, no ha sido aceptada por el Gobierno brasileño, que sólo lo permitirá a partir de 2023, año en que caduca el tratado
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