El Gobierno argentino rechaza la oferta de YPF de congelar el reparto de beneficios para capitalizar la empresa

El Gobierno argentino ha rechazado la propuesta del consejo de YPF que, en su reunión del día de hoy, había aprobado congelar el reparto de los dividendos en efectivo para capitalizar la empresa. Esta mano tendida por la filial de Repsol ha contrariado al poder politico del país que pretendia que con este dinero, más las cantidades no repartidas de ejercicios anteriores, se crease una reserva para inversiones.

Hasta dos altos cargos del Ejecutivo de Cristina Fernández han repetido el mismo mensaje ante los medios de comunicación: el el secretario de Política Económica, Axel Kicillof y el coordinador del Ministerio de Planificación Federal y representante del Estado en el consejo de YPF, Roberto Baratta.

Ambos han descrito una reunión tensa y plagada de enfrentamientos, antes de explicar que no están satisfechos con la decisión de la empresa, ni admiten la posibilidad, también enunciada en las resoluciones del Consejo de que el pago de los dividendos se realice por medio de la entrega de acciones.

El argumento del Gobierno es el mismo de antes. Con sus decisiones de hoy, la petrolera no asegura que se vayan a aumentar las inversiones necesarias para asegurar el incremento de la producción que necesita el país.

Hasta ahora, YPF había destinado el 90% de su beneficio neto anual a dividendos, un ‘pay out’ muy elevado porque, tal y como se pactó con el Ejecutivo, el grupo local Petersen pagaría con estos fondos el crédito financiado por la propia Repsol para comprar el 25% de la compañía argentina. El año pasado, YPF repartió 600 millones de euros en dividendos, que aún no se han distribuido (tampoco los del ejercicio 2010).

“La ausencia de dividendo en efectivo dificultará el servicio de la deuda”, advirtió recientemente UBS, que ha cifrado el coste actual del préstamo con los intereses en 1.460 millones de euros.

Sin dinero para pagar sus deudas, Enrique Eskenazi podría verse obligado a vender su participación al Estado (o a las provincias, que volverían a participar en el capital de la petrolera como sucedía antes de que Repsol se hiciera con su control en 1999). Aunque este es sólo uno de los escenarios posibles, porque como la garantía del préstamo del grupo Petersen son las propias acciones de YPF, podría ocurrir que la compañía que preside Antonio Brufau viera aumentar su participación en su filial, donde ahora controla un 57% del capital.

La Casa Rosada basa todo su acoso a Repsol en el elevado ‘pay out’ de YPF porque considera que tendría que destinar una mayor proporción de sus beneficios a acometer inversiones. Según datos de la compañía, en 2011 realizó inversiones récord, principalmente en exploración y producción, por más de 3.000 millones de dólares, un 50% más que en 2010, y pagó impuestos por 6.400 millones de dólares, también una marca histórica.

Aunque los 600 millones del dividendo serían más que insuficientes para solucionar el problema del déficit comercial argentino, el Gobierno sí podría considerarlo como un buen gesto. La balanza comercial del sector energético arrojó en 2011 un déficit superior a los 3.000 millones de dólares y la previsión para este año es aún más negativa.

Horas antes de la reunión del consejo de YPF, la guerra entre Cristina Fernández y los responsables de la petrolera había entrado en una fase, aparentemente, más pacífica. El jefe del gabinete del Ejecutivo argentino, Juan Manuel Abal Medina, ha afirmado que el Gobierno no quiere nacionalizar la compañía y que aspira a que la filial de Repsol eleve su producción de hidrocarburos. Los rumores acerca de una eventual nacionalización de YPF provocaron fuertes caídas en sus acciones. La compañía perdió 6.000 millones de dólares en valor de mercado en pocas semanas.

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