La decisión del Gobierno peruano, que preside Ollanta Humala, de ganarse el favor de los ecologistas para sacar adelante algunos proyectos mineros de gran calado en el país ha chocado con otra dura realidad: la protesta de los más de 20.000 ‘mineros ilegales’ que operan en la región de Madre de Dios y que ven amenazado su medio de vida.
Humala quiso hacer un gesto y prohibir esta actividad, anteriormente semitolerada, que considera perjudicial para el medio ambiente. Su postura ha sido firme, hasta el punto de negarse a abrir una mesa de diálogo con este sector de la economía sumergida. Pero la situación parece habérsele escapado otra vez de las manos.
En los últimos días, unos 10.000 mineros de esta región, situada a 1.100 kilómetros al sudeste de Lima endurecieron su protesta al intentar tomar el aeropuerto de Madre de Dios y buscar abiertamente el choque con la policía.
Los enfrentamientos han dejado al menos siete heridos, aunque en algunos portales de Internet al cierre de esta edición se hablaba ya de fallecimientos.
Los representantes de la Federación Minera Regional, que se definen como respetuosos con el medio ambiente, intentan forzar a Humala a negociar.
Pero, de momento, el presidente cree que el plazo de 12 meses concedido a estos profesionales para que regularicen su situación es más que suficiente. Si no lo hacen y continúan con su trabajo en las mismas condiciones, se enfrentarán a penas de hasta diez años de cárcel, según las nuevas sanciones recogidas en el Código Penal de Perú para el delito de minería ilegal.
También otorgó un plazo de 12 meses a los mineros informales para que se adecúen a normas ambientales o dejen esa actividad.
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