El presidente de Ecuador, Rafael Correa, tiene ahora, como otros países de Latinoamérica, un serio problema por las protestas antimineras. La corriente de colectivos sociales, ecologistas y ambientales también se están movilizando contra la compañía china de Ecuacorriente que comenzará a explotar la minería de cobre a gran escala.
Desde el yacimiento, que se sitúa en la amazonía ecuatoriana ha salido una marcha en reivindicativa con el prefecto indígena Salvador Quishpe a la cabeza. Recorrerán 700 kilómetros para expresar su rechazo a este tipo de industrias. Para ellos, peligra el ecosistema de la zona y la calidad del agua que consumen.
Gracias a la inversión china en las minas, Ecuador se situaría en el mapa de las explotaciones de este mineral a nivel mundial, con una producción estimada en 60.000 toneladas diarias del mineral.
La empresa con la que se ha firmado el acuerdo es la compañía china Ecuacorriente. Con este contrato se va a ceder durante 25 años la explotación a cielo abierto de las reservas de cobre en la cordillera de El Cóndor, ubicada en la provincia de Zamora, en el sur del país. El negocio que se generará será de más de 20.000 millones de dólares (15.132 millones de euros).
Correa explicó esta semana que de los 5.400 millones de dólares (4.086 millones de euros) que espera obtener el Ecuador con este acuerdo, 900 millones de dólares (681 millones de euros) se destinarán a combatir la pobreza en las comunidades implicadas en el proyecto.
El ministro de Recursos Naturales no renovables, Wilson Pasto señaló cuando se presentó esta explotación, que la mitad del dinero que generaría esta explotación zamorana servirá para amortizar los costes, mientras que del resto, unos 5.400 millones de dólares irán a las arcas estatales y unos 5.000 millones de dólares (3.783 millones de euros) a la empresa china.
En los últimos días, también han comenzado movilizaciones similares en Guatemala. Desde hace una semana un grupo de personas de San Pedro Ayampuc y San José del Golfo están establecidos en la entrada a la mina El Tambor, como medida presión para que cese la explotación de oro y plata en el lugar.
El movimiento ecologista-indígena contra las minas y en defensa del agua se ha propagado ya a seis países de Latinoamérica. Otros estados que también están sufriendo estas movilizaciones reivindicativas son Argentina, Bolivia, Chile, Panamá
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