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Martinelli intenta poner orden en las explotaciones mineras

La directora nacional de Recursos Minerales del Ministerio de Comercio e Industrias de Panamá (Mici), Zahadia Barrera, ha indicado que desde hace cinco meses no han sido aprobadas solicitudes de exploración o explotación minera. Esto se debe a que el presidente del país, Ricardo Martinelli, intenta poner orden y para ello lleva a cabo la revisión de la política del sector, para modificar el Código Minero.

El tema de la explotación mineral a cielo abierto ha generado un intenso debate, en medio del reiterado pedido de los ambientalistas, para que sea declarada una moratoria a la minería en este país.

La directora ejecutiva del Centro de Incidencia Ambiental, Raisa Banfield, ha asegurado que la sociedad civil demanda acciones urgentes para la preservación de los recursos naturales, ante los planes de empresas mineras que intentan extraer oro y cobre en Panamá con un alto coste y un gran sacrificio ambiental.

Organizaciones ecologistas panameñas que exigen una moratoria a la minería metálica en Panamá, han rechazado los intentos de explotación de los yacimientos cupríferos de Cerro Colorado, en la provincia de Chiriquí, limítrofe con Costa Rica.

Cerro Colorado se encuentra en la comarca indígena Ngöbe-Buglé y forma parte de una reserva de 17.360 millones de kilogramos de cobre, una de las mayores del mundo, lo que ha generado el interés comercial de las multinacionales mineras.

Hasta el momento, han sido presentadas 21 solicitudes al Estado panameño para la exploración minera en la comarca indígena.

Una de ellas es Corrientes Resources es una de las multinacionales que promueve la explotación minera a través de la donación de cuadernos y camisetas a los indígenas, con el logo «Minería Responsable». Además, distribuye calcomanías con el lema «Los mineros somos más».

Otra de estas empresa, Panacobre, filial de la canadiense Tiomin Resources Inc., detalla en su página electrónica que explotaría cobre en cerro Colorado a través de una concesión de 2.000 hectáreas obtenidas en 1996.

Aunque el Gobierno panameño asegura que la compañía incumplió los requisitos y estudios de factibilidad y su permiso caducó.

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E.B.

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