La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador (Foto: Diego Radamés - Europa Press)
‹Las dos peritos de la Agencia Tributaria comparecieron este viernes ante la jueza que instruye el caso contra Alberto González Amador, imputado por fraude fiscal y falsedad documental. Las funcionarias ratificaron el contenido del informe que atribuye al empresario dos delitos de fraude fiscal por un importe de 350.000 euros, obtenidos tras presentar facturas falsas a Hacienda en los ejercicios fiscales de 2020 y 2021.
El abogado defensor preguntó si durante la inspección las técnicas sabían que González Amador era pareja de Isabel Díaz Ayuso, a lo que ambas respondieron que desconocían tal vínculo en ese momento y que, en cualquier caso, su relación sentimental era irrelevante en términos fiscales si no existía un matrimonio o pareja de hecho formalizada.
Las peritos explicaron que González Amador presentó 15 facturas falsas por servicios inexistentes para rebajar el beneficio declarado de sus empresas
En su intento de justificar las facturas investigadas, la defensa mostró fotografías de viajes de negocios de González Amador, entre ellas reuniones en Costa de Marfil. Las técnicas de Hacienda respondieron que conocían ese material, pero recalcaron que no demostraba la existencia real de los servicios facturados. Según la Agencia Tributaria, las facturas presentadas solo buscaban simular gastos para pagar menos impuestos.
Por su parte, el fiscal del caso preguntó si el asesor fiscal del empresario, Javier Gómez Fidaldo, podía haber tenido conocimiento de estas irregularidades. Las peritos afirmaron que sí. La Fiscalía ha solicitado la imputación de Gómez Fidaldo por su presunta participación en los delitos fiscales.
El informe de la Agencia Tributaria sirvió de base para la querella de la Fiscalía, que acusa a González Amador de defraudar al fisco 155.000 euros en 2020 y otros 195.951,41 euros en 2021, mediante facturas falsas presentadas a través de empresas externas.
El fraude se cometió mediante la inclusión de 15 facturas ficticias por gastos inexistentes, que sumaban 1,7 millones de euros. Esto permitió a González Amador reducir sus beneficios declarados y pagar 350.000 euros menos en impuestos. Los ingresos del empresario provenían, principalmente, de los casi dos millones de euros que cobró por intermediar en la compraventa de material sanitario durante la pandemia.
González Amador facturó 2,3 millones en 2020, pero declaró solo 8.400 euros de beneficios, tras anotar gastos que no se correspondían con la realidad
La investigación también ha puesto el foco en la relación de González Amador con el grupo sanitario Quirón, cuyo directivo, Fernando Camino, administraba la empresa que adquirió las mascarillas en el pelotazo de dos millones de euros. Camino también fue cofundador de la empresa pantalla utilizada en 2021 por González Amador para canalizar parte del fraude.
A raíz de las pruebas recabadas, la magistrada abrió una pieza separada para investigar otros posibles delitos relacionados con estas operaciones económicas y comerciales. La defensa del imputado recurrió sin éxito la decisión: la Audiencia Provincial de Madrid avaló el pasado 3 de marzo la ampliación de la investigación.
González Amador deberá comparecer en el marco de esta pieza separada el próximo 10 de abril. La acusación popular, ejercida por PSOE y Más Madrid, había solicitado la apertura de esta nueva línea de investigación tras revisar los documentos obtenidos por Hacienda, aunque no todos los delitos planteados fueron aceptados por la magistrada.
El trabajo de las peritos de Hacienda se extendió a lo largo de 18 meses, culminando en un informe detallado que sirvió de base para la actuación de la Fiscalía y la actual imputación de González Amador.
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