El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, en el debate de totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos.
Los pensionistas tomarán este sábado de nuevo las calles de las principales ciudades de España para exigir al Gobierno, entre otras cosas, la derogación del factor de sostenibilidad, así como de las reformas de 2013 y de 2011. Y es que no se fían del todo del acuerdo entre el PP y el PNV para subir las pensiones. Un pacto gracias al cual Mariano Rajoy y los suyos salvaron hace unos días el primer escollo de los Presupuestos, pero las cuentas de 2018 tienen ante sí otro examen a finales de este mes y los nacionalistas vascos ya han puesto sobre la mesa sus condiciones para dar su ‘sí’.
En concreto, 43 exigencias en forma de enmiendas parciales encaminadas a “desarrollar la Agenda Vasca” impulsando la actividad económica e industrial en Euskadi. Y lo quieren hacer, defienden los jeltzales, con inversiones para infraestructuras e I+D+i como referente y con la protección del medio ambiente y del patrimonio cultural de Euskadi. En total, más de 63 millones de euros repartidos de la siguiente manera.
El PNV reclama al Gobierno 17,2 millones para impulsar la I+D+i “como motor del modelo económico y productivo”. De esta cifra los nacionalistas plantean destinar 4 millones para financiar el BIMEP (Centro de investigación Biscay Marine Energy Platform); 2,5 millones para los laboratorios de innovación de la Universidad de Mondragón (1,5 millones) y de la UPV (1 millón); una partida de 10 millones de euros para el EIC (Energy Intelligence Center), y 700.000 euros para el Instituto de Máquina Herramienta.
En cuanto a las infraestructuras, las enmiendas registradas suman un total de 27,5 millones cuyo objetivo pasa por llevar a cabo “distintas infraestructuras clave para Euskadi en el ámbito ferroviario, aeroportuario y portuario”. De esta manera, por ejemplo, el PNV propone dedicar casi siete millones para varios proyectos en Vizcaya, así como 2,5 millones para Guipúzcoa para infraestructuras ferroviarias. También se incluyen 1,7 millones para la recuperación del H24 en el aeropuerto alavés de Foronda y para la modernización de sus instalaciones.
La suma de las enmiendas relacionadas a la I+D+i y a las infraestructuras suman casi 45 millones de euros (44,7 millones). Pero aquí no queda las exigencias a los de Rajoy.
“La protección del medio ambiente, con mejoras en distintos embalses y depuradoras” también tienen su parte de protagonismo en las enmiendas del Grupo Vasco a los Presupuestos de este 2018. Tal es así que piden destinar 15,2 millones para diferentes proyectos entre los que se encuentra la reparación del voladizo y barandilla del Paseo de la Concha, en San Sebastián, cifrada en 1,5 millones de euros.
A todo esto hay que unir varios proyectos “para la recuperación del patrimonio cultural”, como el Astillero Mendieta en Lekeitio, la rehabilitación del casco antiguo Tudela y la regeneración de la zona limítrofe de la antigua sede del Banco de España en Gasteiz. El coste de todo esto asciende a 3,4 millones.
Para terminar este recorrido por las enmiendas parciales registradas por el PNV, los propios jeltzales se hacen eco en una nota a los medios de una iniciativa “para que el texto presupuestario refleje que con vigencia indefinida, de acuerdo con la Ley 6/2017, la composición numérica de la Ertzaintza se adecuará a lo acordado en la Junta de Seguridad”. Asimismo, buscan “clarificar” que únicamente “mediante la adhesión voluntaria a través del correspondiente convenio de colaboración puede establecerse la tarjeta social universal como técnica de colaboración para facilitar el flujo de información entre las distintas ayudas y prestaciones de índole social que reciben las personas en situación de vulnerabilidad”.
Estas enmiendas, que no llegan al medio centenar, suponen el ‘precio’ que el Gobierno de Rajoy tiene que pagar para contar con su ‘sí’ a los Presupuestos cuando vuelvan a debatirse en el Congreso a finales de este mes de marzo. Eso sí, siempre y cuando la situación política cambie en Cataluña y se levante la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Algo que aún no está nada claro a tenor de los últimos acontecimientos.
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