Las ocho medidas que proponen los técnicos de Hacienda para acabar con los paraísos fiscales

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) aseguran que la revelación de los llamados ‘Paradise Papers’ (Papeles del Paraíso) no será suficiente para acabar con los paraísos fiscales, en contra del optimismo mostrado recientemente sobre este asunto por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

La OCDE considera los territorios offshore dejarán de existir en apenas unos años al contar con Acuerdos para intercambiar información tributaria.

Gestha se muestra más escéptico y recuerda que ya en junio de 2009 la Cumbre del G20 en Londres abrió la posibilidad de imponer sanciones a los países que no cooperaran en la lucha contra la financiación del terrorismo, el blanqueo de capitales y la evasión fiscal. Y la situación apenas ha variado.

Por esa razón, los técnicos de Hacienda han propuesto ocho medidas para acabar con los paraísos fiscales:

1. Elaboración por expertos independientes de un análisis y evaluación oficial de la economía sumergida en España, del fraude fiscal y laboral y de la elusión fiscal, desagregado por territorios, sectores económicos e impuestos.

2. Evaluados el fraude fiscal, la economía sumergida y la elusión, se acordará una planificación temporal estableciendo unos objetivos irrenunciables de reducción de dichas tasas que supongan un punto de inflexión en la curva creciente de la economía sumergida y la elusión.

3. Control por las Cortes Generales de los resultados de la Agencia estatal Tributaria para garantizar una gestión transparente, neutral e independiente.

4. Igualar el plazo de prescripción administrativa y penal a 5 años, o a 10 años en los casos de delitos agravados, así como unificar los umbrales y penas por los diferentes delitos fiscales para defraudaciones superiores a los 50.000 euros, o a los 120.000 euros en los delitos agravados (Art. 305 a 310 bis del Código Penal), así como concretar los requisitos para la exigencia de la responsabilidad civil y penal de la colaboración de asesores y entidades financieras en la comisión de estos delitos.

5. En el marco de la OCDE, proseguir con los acuerdos que permitan la obtención automática de información de carácter mercantil o tributario de las personas y empresas que operan o son titulares de bienes o derechos en Paraísos Fiscales, así como para la supresión de prácticas abusivas de elusión de las multinacionales. Los acuerdos firmados desde septiembre de 2014 por el que 132 países compartirán información de cuentas y determinados productos financieros a partir de 2017 o 2018 van en esta dirección, así como la implementación de varias de las 15 medidas del plan BEPS de la OCDE, aprobadas por los dirigentes del G-20, en la Cumbre de Antalya, Turquía, celebrada los 15 y 16 de noviembre de 2015.

6. En tanto se apliquen realmente los acuerdos anteriores, proponemos que el Gobierno de España alcance acuerdos con las entidades financieras, especialmente con las de «Banca privada», que operan en paraísos fiscales directamente o a través de filiales o de corresponsalías, como ya hicieron Alemania o Estados Unidos exigiendo la lista de las personas o entidades residentes que sean titulares de productos financieros contratados bajo la advertencia de retirada de la ficha bancaria que concede el banco central para operar en sus mercados. Así como negociar acuerdos con las entidades emisoras de tarjetas con el objetivo de identificar a las personas que utilizan «habitualmente» las tarjetas de crédito o débito en España a nombre de sociedades, fundaciones o entidades cuyos pagos se cargan contra cuentas bancarias situadas en el extranjero, siguiendo así el rastro de sus titulares, autorizados, cuantía y naturaleza de los movimientos efectuados con tarjeta. Igualmente, instará a la Fiscalía a formular una denuncia contra aquellas personas y entidades que colaboren en la defraudación o evasión tributaria de terceros.

7. La Agencia Tributaria y la IGAE a corto y medio plazo se centrarán fundamentalmente en combatir el fraude fiscal y el blanqueo de capitales, y el control del gasto público y de las subvenciones en las grandes empresas y fortunas, que son responsables del 72% de la evasión total, a través de la «imprescindible» autorización a los 8.000 Técnicos del Ministerio de Hacienda para que asuman mayores responsabilidades en su aplicación.

8. Control exhaustivo de las sociedades patrimoniales para evitar la elusión del IRPF de socios y administradores.

Acceda a la versión completa del contenido