Edificio de viviendas
Según el informe «Efectos de la crisis económica en los órganos judiciales» que hoy ha hecho público la Sección de Estadística del CGPJ, las ejecuciones hipotecarias mostraron un significativo aumento interanual durante toda la segunda mitad del pasado año, siendo del 52,7% en el tercer trimestre y del 42,5% en el cuarto.
En términos absolutos, Cataluña fue el territorio donde se presentaron más ejecuciones hipotecarias en 2020, con un total de 4.643. Le siguieron Andalucía (3.729), la Comunidad Valenciana (3.636), Madrid (1.771) y Murcia (1.293).
No obstante, el número de lanzamientos practicados en 2020 fue de 29.406, lo que supone un descenso del 45,6% respecto al año anterior, manteniéndose así una tendencia a la baja que empezó en 2015. Los lanzamientos afectan a distintos tipos de inmuebles, no solo viviendas y, en el caso de éstas, no solo a vivienda habitual, recuerda el Poder Judicial.
Un 71,9% de los lanzamientos, 21.145, fue consecuencia de procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), mientras que otros 6.915 (el 23,5 %) se derivaron de ejecuciones hipotecarias. Los 1.346 restantes obedecieron a otras causas. Los lanzamientos por impago del alquiler experimentaron una disminución interanual del 42%, mientras que los derivados de ejecuciones hipotecarias bajaron un 51,3%.
Cataluña, con 5.737 (el 19,5 % del total nacional), fue la Comunidad Autónoma en la que se practicaron más lanzamientos, seguida por Andalucía, con 4.517; la Comunidad Valenciana, con 4.501; y Madrid, con 2.872.
Atendiendo solo a los lanzamientos consecuencia de procedimientos derivados de la LAU, la lista la encabeza también Cataluña, con 4.211; seguida por Andalucía, con 2.942; la Comunidad Valenciana, con 2.765; y la Comunidad de Madrid, con 2.398. Los primeros puestos en cuanto a los lanzamientos consecuencia de ejecuciones hipotecarias los ocupan la Comunidad Valenciana, con 1.640; Andalucía, con 1.349; Cataluña, con 1.069; y Murcia, con 692.
Por otro lado, el CGPJ señala que durante el pasado ejercicio ingresaron 3.446 asuntos por ocupación ilegal de viviendas en los órganos judiciales, un 191,8% más que en 2019, habiéndose resuelto 2.876. En Andalucía han ingresado 827, un 24% del total nacional. Le siguen Cataluña, con 746; Comunidad Valenciana, con 396; y Madrid, con 321.
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