Delito fiscal
La OIReScon es un órgano colegiado independiente, aunque está adscrito al Ministerio de Hacienda a efectos organizativos y presupuestarios. Gestha ha analizado la evolución de los cuatro indicadores que sirven para “intuir” que aumenta la corrupción y al fraude en la contratación pública.
El primer indicador de la Oficina Independiente de la Contratación arroja que en 2023 se recibieron 221 denuncias o comunicaciones sobre la contratación pública, un 18,2% más que el año precedente, “lo que confirma la tendencia alcista en el número de denuncias en los últimos seis años desde que se contabilizan datos”, apunta Gestha.
Entre los distintos tipos de contrato, el contrato de servicios es el que más riesgo de fraude y corrupción presenta, al acaparar el 64,3% de las denuncias efectuadas, recoge Europa Press.
No obstante, los técnicos de Hacienda reconocen que de las 957 denuncias formuladas en el último sexenio hasta finales de 2023, un total de 217 se han archivado (un 22,7%), frente a 52 denuncias (un 5,4%) que se han dirigido a la Justicia, Fiscalía o Tribunales de Cuentas. Por su parte, el 12,9% han concluido con informe a entidad o Recomendación por la Agencia (123), pero casi la mitad está en trámite (478) debido a la escasez de técnicos de investigación en las agencias antifraude.
Según el segundo indicador de la Oficina Independiente, el alto porcentaje del 32,6% de las denuncias o comunicaciones de irregularidades en la adjudicación del contrato (que incluye la tramitación del expediente y la licitación del contrato) “es un signo de que el fraude aumenta al situarse como la principal causa de las denuncias”.
Esta situación se mantiene con una tendencia relativamente estable en términos relativos. En términos absolutos, las denuncias por esta causa han aumentado un 9,1%, hasta llegar a las 72 denuncias.
El tercer indicador de la OIReScon muestra que el porcentaje de denuncias o comunicaciones de supuestas prácticas corruptas en la contratación (que aglutina el conflicto de interés, el tráfico de influencias y el trato de favor a empresa) se configura como segunda causa de las denuncias, con un 20,6% en el quinquenio y una tendencia ligeramente alcista en términos relativos.
En términos absolutos, las denuncias por esta causa se han disparado un 34,4%, hasta llegar a las 43 denuncias en 2023.
La Oficina independiente agrupa desde 2023 en el epígrafe de Prácticas Corruptas el trato a favor a empresas, el conflicto de interés y el tráfico de influencias por considerar que son tres prácticas intrínsecamente relacionadas con la corrupción, según la citada agencia.
Entre 2019 y 2022, las denuncias de trato a favor y de conflicto de interés rondaron el 42% cada una dentro de las 122 denuncias de prácticas corruptas, mientras que las denuncias de tráfico de influencias fueron el restante 15,6% de este epígrafe.
Los dos últimos indicadores, las irregularidades en la adjudicación de los contratos y las prácticas corruptas suman más de la mitad de las denuncias presentadas entre 2019 y 2023.
El cuarto indicador es el porcentaje 18,2% de las denuncias o comunicaciones sobre la ejecución del contrato respecto al total de las denuncias presentadas entre 2019 y 2023, siendo la tercera causa de denuncia en este período.
En términos absolutos, las denuncias por esta causa se han disparado por encima del 40% en los últimos dos años hasta llegar a las 40 denuncias.
Además de estos indicadores, Gestha valora la actividad de los tribunales administrativos como un indicador adicional de la calidad de la contratación pública, en los cuales algo más de uno de cada cuatro recursos es estimado total o parcialmente.
De los 4.615 recursos especiales en materia de contratación, el 43,7% fueron desestimados y el 26,3% fueron estimados total o parcialmente, siguiendo la tendencia desde 2020. La inadmisión y el archivo suman el 30,1% de los recursos, lo que sugiere a la Oficina que puede existir un cierto abuso del recurso especial.
Los recursos contra los pliegos de una licitación y contra la valoración de los criterios de adjudicación y su motivación son los recursos más estimados en los últimos 6 años, rondando el 40% de estimaciones.
En cualquier caso, el número de recursos y denuncias es muy pequeño en relación con el volumen de las licitaciones anuales del sector público estatal, autonómico y local, que el pasado año fueron 206.210 expedientes, alcanzando los 113.091 millones de euros más IVA.
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