El juicio por el ‘procès’ ha iniciado su andadura este martes en el Tribunal Supremo rodeado de focos, manifestaciones y presencia policial. Dentro, en la sala, 12 políticos independentistas a quienes reclaman muchos años de prisión y decenas de simpatizantes de Vox que han jaleado y llenado la sala. Fuera, familiares, letrados y compañeros políticos de los acusados que no han podido acceder a ella.
El presidente de la Sala de lo Penal, Manuel Marchena, será el ponente de la sentencia. Junto a él, Antonio del Moral, Ana Ferrer, Luciano Varela, Andrés Martínez Arrieta, Juan Ramón Berdugo y Andrés Palomo, completan la magistratura de la sala.
Por su parte, los fiscales adscritos al caso son Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena y Jaime Moreno. En cuanto al representante de los servicios jurídicos del Estado, Rosa María Seoane; mientras que por Vox, que ejerce la acusación popular, están el secretario de Organización Javier Ortega Smith y Pedro Fernández.
Una presencia incómoda incluso para el PP, timorato de que la exposición mediática del juicio relance aún más a la formación de extrema derecha. “Hace daño a la Justicia si hay partidos que usan la acusación popular para hacer política”, ha asegurado el secretario general del PP, Teodoro García Egea.
Las posiciones de los partidos se han ido sucediendo a lo largo de la mañana. Desde la crítica al proceso judicial del PNV, Podemos, EH Bildu y, evidentemente, los partidos independentistas catalanes a la comprensión judicial que reclaman Ciudadanos o Partido Popular, entre otros.
Felipe VI y la independencia judicial
Por su parte, las defensas de los acusados reclaman a los magistrados que “hagan de jueces” y no de “salvadores de la patria” e insisten en que comparezcan los testigos que el tribunal rechazó. El abogado de Jordi Sànchez, Jordi Turul y Josep Rull, Jordi Pina, ha vuelto a pedir que testifiquen el rey Felipe VI y el expresident Carles Puigdemont.
Respecto a las penas, la Fiscalía pide para Oriol Junqueras 25 años de cárcel y otros tantos de inhabilitación por rebelión agravada por la malversación de fondos públicos; para a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell 17 años por rebelión, así como para los líderes de la ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart, señala la mencionada agencia.
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