Tribunal Supremo
La Sala de Apelación del alto tribunal avaló este diciembre la decisión del magistrado instructor, Leopoldo Puente, de sentar en el banquillo a Ábalos y Koldo, que se encuentran en prisión provisional desde el pasado 27 de noviembre, recoge Europa Press.
Ábalos y Koldo recurrieron su procesamiento, pero los magistrados desestimaron los recursos señalando que alargar la investigación con nuevas diligencias no podría desvirtuar el “robusto arsenal indiciario” que hay contra ambos y criticando que pretendan “alejar el momento del enjuiciamiento alegando razones variopintas”.
La Fiscalía pide 24 años de prisión para Ábalos, 19 años y medio para Koldo y siete años para Aldama. Por su parte, las acusaciones populares, lideradas por el PP, reclaman 30 años de cárcel para el exministro y su exasesor, mientras que para el empresario solicitan la misma pena que el Ministerio Público.
De cara al juicio, Ábalos ha solicitado al Supremo ser juzgado por un jurado popular, que esté formado por ciudadanos, y no por un tribunal de magistrados.
La vista sobre las mascarillas no será el único frente de Ábalos en el Supremo, ya que el exministro se encuentra investigado en la otra pieza del ‘caso Koldo’ que el TS investiga, la de la presunta trama de cobro de comisiones a cambio de obra pública, en la que están también imputados Koldo y el exdirigente socialista Santos Cerdán.
En esa pieza, en la que también se investiga a empresarios y exresponsables de constructoras, el magistrado instructor seguirá indagando, ya que está a la espera de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le entregue varios informes.
Otros de los casos que el Supremo continuará instruyendo en el nuevo año son los que acumula el eurodiputado Luis ‘Alvise’ Pérez, que ya prestó declaración voluntaria en tres de las cuatro causas abiertas, mientras se tramitan los respectivos suplicatorios al Parlamento Europeo para proceder a su imputación formal.
En concreto, ‘Alvise’ se enfrenta a la presunta financiación irregular de su partido SALF; a la presunta difusión de una PCR falsa del entonces ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa, y al presunto acoso a la fiscal delegada de delitos de odio de Valencia, Susana Gisbert.
A ellos hay que sumar el supuesto acoso y revelación de secretos sobre dos eurodiputados que se presentaron a las elecciones europeas de 2024 en la lista de SALF y que se querellaron contra él. El Supremo ha ofrecido a ‘Alvise’ declarar voluntariamente y ha citado a los dos querellantes para el próximo 19 de enero, según la citada agencia.
Y tras la condena a dos años de inhabilitación que impuso al ex fiscal general del Estado, el Supremo estará pendiente de si Álvaro García Ortiz decide presentar un incidente de nulidad contra la sentencia y que tendría que resolver el alto tribunal.
Por su parte, el Tribunal Constitucional tiene pendiente resolver los recursos de algunos condenados por el ‘procés’ contra la decisión del TS de no amnistiarle la malversación.
Entre ellos está el expresidente Carles Puigdemont, que pidió a su vez al Constitucional que suspendiera la orden de detención nacional que permanece vigente en su contra.
El TC también tiene por resolver los recursos de amparo que presentaron el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras y los exconsellers Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa contra la decisión del TS de no amnistiarles la malversación.
Más allá del proceso independentista catalán, el TC tendrá que abordar la renovación de cuatro de sus magistrados: el presidente, Cándido Conde-Pumpido, y de otros tres miembros –la progresista María Luisa Balaguer y los conservadores José María Macías y Ricardo Enríquez–, cuyos mandatos expiraron el pasado 17 de diciembre.
Una renovación parcial que no se espera pronto debido a la falta de acuerdo entre los partidos políticos –PP y PSOE– para pactar otros cuatro nombres, lo que aboca a un bloqueo “prolongado”, según las fuentes consultadas por Europa Press.
Así las cosas, desde el TC auguran un retraso que se espaciará en el tiempo y que lastrará el mandato de los nuevos magistrados que finalmente se designen, ya que de los 9 años de mandato que tienen habrá que restar el tiempo que haya transcurrido entre el 17 de diciembre y la fecha en que se materialice la renovación.
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