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“Ese es el objetivo que persigue la Comunidad de Madrid difundiendo la identidad y una fotografía de dos periodistas de El País insinuando falsamente una conducta delictiva de estos informadores en un momento en que Isabel Díaz Ayuso, presidenta regional, está siendo cuestionada por el presunto fraude fiscal que ha confesado su pareja, Alberto González Amador”.
Así lo señala en un comunicado la FAPE en el que destaca que “no han sido los únicos”. Una semana después de amenazar con “triturar y cerrar” a elDiario.es, el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Miguel Ángel Rodríguez, “ha filtrado una información falsa, según la cual, periodistas encapuchados del medio dirigido por Ignacio Escolar intentaron entrar ‘por la fuerza’ en una vivienda” de Ayuso.
“Tampoco podemos olvidar las graves acusaciones de Rodríguez contra Silvia Intxaurrondo, acusándola de cobrar en B, algo que la propia periodista de Televisión Española ha desmentido con un comunicado pidiendo a todos los medios que lo publicaron que se retractaran”, recuerda la Federación.
En su opinión, “es intolerable que se intente amedrentar a los profesionales de la información en el ejercicio de su labor, que no es otra que la de informar verazmente sobre hechos de interés público”. “En los últimos tiempos”, continúa, “estamos presenciando determinados comportamientos impropios de una sociedad democrática, en los que las amenazas y coacciones a periodistas; los bulos y las informaciones falsas para restar credibilidad a los medios y sus profesionales; y la complicidad de otros ‘medios de comunicación’, ‘periodistas’ y actores mediáticos, colaboradores necesarios para que se difundan este tipo de noticias falsas que atacan directamente a la libertad de prensa, han pasado a ser la norma”.
La FAPE advierte de que “no se silencia la verdad amenazando a periodistas”, tras lo que “además de repudiar este tipo de conductas”, anuncia que pone a disposición de los periodistas y medios agraviados sus servicios jurídicos para “emprender cuantas acciones legales consideren oportunas en la vulneración de sus derechos”. Asimismo, insta a los representantes públicos, “independientemente de su ideología”, a que “cesen el acoso contra periodistas y respeten su labor profesional, amparada por la Constitución”.
Por su parte, la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) ha suscrito la condena hecha desde la FAPE del comportamiento de “algunos cargos” de la Comunidad de Madrid al filtrar a varios medios unas informaciones acusando a periodistas de El País y elDiario.es. “Ambos medios han negado los hechos y aseguran que en todo momento actuaron debidamente identificados”, remarca en una nota.
Para la APM “ese comportamiento por parte de responsables de la Comunidad de Madrid -y singularmente por parte del jefe de Gabinete de la presidenta, Miguel Ángel Rodríguez– coarta el libre ejercicio de la profesión periodística, algo intolerable en una sociedad democrática”. “Si alguien en la Comunidad de Madrid estima que ha habido alguna actuación que pueda ser denunciable ante la Justicia, lo que debe hacer”, afirma, “es proceder a presentar la denuncia, pero no ejercer una actividad intimidatoria hacia los periodistas, que tratan de ejercer su trabajo”.
Dicho esto, pide “a los periodistas que reciben esas informaciones desde los poderes públicos que las contrasten antes de publicarlas y que, en el caso, de encontrarse compañeros implicados, traten de ponerse en contacto con ellos, para que puedan dar a conocer su versión de lo sucedido”.
Asimismo, Reporteros Sin Fronteros (RSF) ha exigido al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso que cese inmediatamente “estos ataques propios de las dictaduras cuyas prácticas denuncia, desde hace décadas, en todo el mundo”.
“Las amenazas directas de Miguel Ángel Rodríguez a la directora adjunta de elDiario.es, Esther Palomera, en las que anunciaba: ‘Os vamos a triturar, vais a tener que cerrar’ por publicar informaciones sobre los negocios de su pareja –sin que hasta ahora Rodríguez se haya retractado o pedido disculpas– parecen estar cobrando forma”, señala.
“Identificarse como periodista de un medio y preguntar a vecinos y comerciantes para elaborar una información es una práctica absolutamente habitual y acorde con cualquier código deontológico de la profesión”, defiende.
Según Edith Rodríguez Cachera, vicepresidenta de RSF España y miembro del Consejo de Administración de RSF Internacional, “estamos escandalizados con las imputaciones de delitos falsos, las maniobras de difamación, el esparcimiento de informaciones falsas y la vulneración de la protección de datos que procede, según denuncian los medios afectados, desde la Comunidad de Madrid contra periodistas cuyas investigaciones les resultan molestas”.
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