Las asociaciones de jueces se revuelven contra el magistrado que frenó la sentencia de las hipotecas

La decisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, Luis María Díez-Picazo Giménez, de meter en la nevera la sentencia del alto tribunal que sólo dos días antes había dictaminado que son los bancos, y no los clientes (como hasta ahora), los que deben pagar el impuesto de las hipotecas, ha causado malestar entre las principales asociaciones de jueces. Mientras la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV) se lamenta de que pone en entredicho la independencia del Poder Judicial, Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) va más allá y pide la dimisión de Díez-Picazo.

La más crítica ha sido la asociación progresista JJpD, que ha exigido la dimisión del presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. “Sorprende” la actuación de Díez Picazo, que, “en una actuación sin precedentes”, al día siguiente de conocerse la sentencia sobre el impuesto de las hipotecas acordó dejar sin efecto todos los señalamientos sobre recurso de casación pendientes con un objeto similar, y avocar al Pleno de la Sala el conocimiento de alguno de dichos recursos pendientes, a fin de decidir si dicho giro jurisprudencial debe ser o no confirmado.

La asociación recuerda que Díez-Picazo firmó el auto que admitía a trámite el recurso. En él ya se apuntaba que “(…) el reciente criterio contrario sentando por la Sala Primera ha abierto un debate doctrinal que requiere una nueva respuesta por parte de este Tribunal Supremo, máxime cuando (…) es una materia que afecta a un gran número de situaciones y tiene una importante trascendencia social, más allá del caso objeto del proceso”.

“No existen precedentes de esta insólita actuación”, considera JJpD: si Díez-Picazo “quería hacer uso de los arts. 197 y 198 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, estas facultades deben de ejercitarse antes del dictado de la Sentencia”. De lo contrario se enfrenta “a la incompetencia, incomprensión, mala imagen de la Administración de Justicia que ha generado, además del consiguiente descrédito de sus propios compañeros a los que preside y que han elaborado una sentencia perfectamente discutida, razonada y razonable”.

“Consideramos que Díez-Picazo ha realizado una nefasta gestión de este asunto del que es único y exclusivo responsable, ha generado él solo alarma social, ha provocado desconcierto en la ciudadanía que no saben qué hacer con sus hipotecas y toda su economía doméstica, ha generado inseguridad jurídica, ha utilizado indebidamente las facultades legales que la legislación le encomienda a un Tribunal colegiado y de la entidad del Tribunal Supremo, y ha puesto en tela de juicio la imparcialidad e independencia de los jueces, generando ante la ciudadanía una imagen lamentable de sus juezas y jueces”.

Por todo ello, desde Juezas y Jueces para la Democracia, “pedimos y exigimos la inmediata dimisión de Luis María Díez-Picazo Giménez como Presidente de la Sala Tercera del Tribunal Supremo”.

También crítica se muestra con Díez-Picazo Giménez la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), si bien no llega al punto de pedir su dimisión. “Nos sorprende que una decisión jurisdiccional no adopte la forma legal pertinente ni se encuentre motivada”, señala sobre la avocación en un comunicado en el que recuerda que tampoco “tenemos conocimiento de que se haya producido ningún precedente similar”.

El presidente de la Sala Tercera, miembro de la Sala de Admisión del tribunal, “era conocedor de lo que sucedía”, por lo que “la avocación debería haberla realizado con el primero de los asuntos pendientes de resolver por la Sala Tercera en materia de IAJD”.

La asociación califica de “insólita” la decisión adoptada por el presidente de la sala el pasado viernes. Ello, “unido a la importancia de la materia sobre la que versa, crea confusión y no contribuye a la imagen de independencia del Poder Judicial”. “La labor diaria que los jueces y tribunales españoles desarrollan respetando escrupulosamente este principio, merece el máximo respeto y protección de todos y, especialmente, de los cargos orgánicos, critica AJFV.

Acceda a la versión completa del contenido