El rector de la URJC, Javier Ramos, ha decidido suspender de sus funciones, «como medida cautelar», al actual Director del Instituto de Derecho Público, adscrito a la Universidad Rey Juan Carlos: se trata de Enrique Álvarez Conde, el director del máster de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes.
Además, la URJC ha abierto expediente disciplinario a «la funcionaria implicada en las graves irregularidades detectadas» según informa el rectorado. Es Amelia Calonge, la técnica que modificó las notas de la presidenta dos años después de que, teóricamente, aprobara su máster.
La URJC también valora la posibilidad de retirar el título a la presidenta regional, pero nunca antes de que una sentencia judicial reconozca las “irregularidades”: «La URJC, ante los indicios de la comisión de un delito de falsificación de documento público tipificado en los artículos 390 y siguientes del Código Penal, ha procedido a la suspensión del Procedimiento de Información Reservada que se había abierto y al traslado de toda la documentación recopilada al Ministerio Fiscal. Según ha anunciado hoy el Rector, de dictarse sentencia firme reconociendo los hechos, se iniciarán los trámites pertinentes para la anulación del título de Máster de Dña. Cristina Cifuentes Cuencas«.
Por ello también comunica la apertura de auditorías de todas las actividades de institutos y centros propios. Se trata de comprobar que todos los procesos relacionados con la gestión académica y económica se llevan a cabo cumpliendo la legalidad vigente y la ética profesional.
Hay que recordar que el máster de Cifuentes era coordinado por el Instituto de Derecho Público, a su vez dirigido por el profesor hoy destituido. Álvarez fue el docente que admitió haber falsificado el acta de presentación del TFM de la popular el mismo día en que se destapó el escándalo.
Desde entonces se han conocido más datos sobre el Insituto de Derecho Público (IDP) y su director: por ejemplo, eldiario.es informaba de que Enrique Álvarez Conde es propietario de una empresa que factura por cursos y másteres al mismo nivel que el instituto público que dirige. Las cuentas de ambas organizaciones eran opacas, y hace días que la Universidad le pidió la contabilidad del IDP para investigarlas.
En el comunicado de la Universidad se confirma, como ya adelantó la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), que se ha suspendido el Procedimiento de Información Reservada que abrió de manera interna la URJC, y se ha trasladado la documentación al Ministerio Fiscal.
La universidad asegura que «la suspensión del procedimiento no impedirá proseguir la investigación de todo lo relacionado con el Instituto de Derecho Público y, en particular, en cuanto a la implementación del Máster Universitario de Derecho Público del Estado Autonómico, de todas las formas que se consideren oportunas y en todo lo que no interfiera con la denuncia del Rector ante la Fiscalía», reza el comunicado.
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