La nueva normativa comunitaria se apoyará en tres pilares: el desarrollo de medios tecnológicos a gran escala, un marco para garantizar la seguridad de suministro y resiliencia atrayendo inversión y un mecanismo de seguimiento y respuesta a las crisis con el que anticiparse a la escasez de suministro y ofrecer alternativas en situaciones de emergencia.
De los 43.000 millones de euros en inversiones públicas y privadas que la Unión Europea aspira a movilizar con esta iniciativa, un total de 3.000 millones de euros llegarán directamente de las arcas comunitarias.
Se establecerá una ‘Empresa Común de Chips’ con la que canalizar las acciones y que se encargue de seleccionar los centros de excelencia, al tiempo que se ampliará el ámbito de aplicación de las «instalaciones pioneras» para incluir en esta categoría aquellas plantas que producen maquinaria necesaria para la fabricación de chips.
Las denominadas «instalaciones pioneras» tendrán por objetivo afianzar la seguridad de suministro para el mercado interior y podrán beneficiarse de procedimientos de concesión de autorizaciones más ágiles.
Además, los centros de diseño que mejoren significativamente los recursos de la Unión en el diseño innovador de chips podrán recibir de Bruselas el sello europeo de «centro de diseño de excelencia». Por su parte, los Estados miembro podrán aplicar, con arreglo a la legislación vigente, medidas de apoyo para los centros de diseño que reciban este sello.
«Con la Ley de chips, Europa será líder en la carrera mundial de semiconductores. Ya podemos verlo en acción: nuevas plantas de producción, nuevas inversiones, nuevos proyectos de investigación. Y, a la larga, esto también contribuirá al renacimiento de nuestra industria ya la reducción de nuestras dependencias extranjeras», ha dicho tras la adopción formal de los Veintisiete el ministro español de Industria, Comercio y Turismo, Héctor Gómez Hernández, que este semestre ejerce la presidencia de turno en el Consejo de la UE.
Una vez sea firmado el acto legislativo por las presidencias del Parlamento Europeo y del Consejo, la nueva norma entrará en vigor días después de su publicación en el Diario Oficial de la UE.
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