Banderas de la Unión Europea
No obstante, estas reglas fiscales no se aplicarán en 2023 y está por ver si 2024 será “un año de transición” –como pretende España− para dar tiempo a los distintos países a retirar las medidas aprobadas para hacer frente a las consecuencias derivadas de la pandemia de la covid-19 y de la guerra de Ucrania.
Hasta la entrada en vigor definitiva de los límites de déficit, los Estados miembros deberán presentar planes fiscales a medio plazo que abarquen su política fiscal, así como las reformas y las inversiones previstas. Estos deben ser “coherentes” con la trayectoria trazada por la Comisión Europea, que estará fundamentada en “una metodología común” que será “replicable, predecible y transparente”.
Los 27 acordaron así que Bruselas tenga la potestad de garantizar que los países realizan “un esfuerzo fiscal” para situar la deuda en una senda “suficientemente decreciente o mantenerla en niveles prudentes, preservando la sostenibilidad de las finanzas públicas y promoviendo las reformas y la inversión pública”.
Estas sendas nacionales de reducción de deuda se discutirán de forma multilateral en el Consejo de Europa, “sobre la base de una evaluación transparente por parte de la Comisión”.
El texto abre también la posibilidad a que la duración de estos planes a medio plazo pueda extenderse en el tiempo si un Estado miembro se compromete a realizar una serie de reformas o inversiones propuestas por la Comisión. Esta práctica es similar a la que ya se ha realizado con los fondos europeos Next Generation EU, cuyos desembolsos dependen del cumplimiento de una serie de hitos y objetivos.
Sea como sea, el procedimiento de déficit excesivo seguirá en vigor para expedientar a aquellos países con un déficit superior al 3%, y su aplicación será “más eficaz”. Así las cosas, se especificará cuando se puede aplicar la suspensión del Pacto de Estabilidad y Crecimiento para que haya más “claridad y previsibilidad” en su aplicación.
Tras la reunión del Consejo de Asuntos Económicos y Financieros (Ecofin), la vicepresidenta primera del Gobierno de España, Nadia Calviño, atendió a los medios y mostró su satisfacción con las orientaciones aprobadas.
Afirmó que es “prioritario” tener “cuanto antes” un marco con las nuevas reglas fiscales que “se adecúe” a las necesidades y la realidad actual, y aplaudió que el documento aprobado incluya “explícitamente” un compromiso “reforzado” por avanzar lo más rápido posible en la aprobación definitiva de las reglas fiscales. En esta línea, avanzó que España hará “lo máximo posible” para lograrlo cuando asuma la Presidencia rotatoria del Consejo de Europa.
Tras confirmar que no se abrirán procedimientos de déficit excesivo en 2023, la ministra de Asuntos Económicos aplaudió también que “lo más probable” es que 2024 sea “un año de transición”. “Razón por la cual valoramos muy positivamente las orientaciones fiscales”, apuntaló antes de alabar el tono “constructivo” de las reuniones.
Así las cosas, indicó que la senda de responsabilidad fiscal del Gobierno pretende situar el déficit y la deuda de España por debajo del 3% y el 110% del PIB, respectivamente, para 2025.
Tras esta cumbre del Ecofin, los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea retomarán el debate de las reglas fiscales en la reunión que celebrarán los próximos 23 y 24 de marzo.
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