El empresario Víctor de Aldama a su llegada a declarar ante el Tribunal Supremo, a 16 de diciembre de 2024, en Madrid (España). - A. Pérez Meca - Europa Press
Así consta en un atestado recogido en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso a Europa Press, y en el que los agentes dejan claro que, situados en la «cúspide de la dirección», eran «imprescindibles para el funcionamiento de la organización debido a su capacidad económica, sus vinculaciones empresariales, contactos y conocimientos del sector de los hidrocarburos».
El Instituto Armado pone en valor el control que De Aldama y Rivas ejercían «en todas las áreas de actuación de la organización criminal: logística, fiscal, bancaria e inmobiliaria». «Sin ellos, la organización no tendría capacidad operativa ni delictiva al no existir otro miembro con los contactos necesarios para sustituirles, por lo que quedaría inoperativa», señala el informe.
La Guardia Civil sitúa a sendos empresarios como «los responsables últimos del presunto fraude cometido entre noviembre del 2022 y febrero de 2024, cuantificado por la Agencia Tributaria en más de 182,5 millones de euros». Sin embargo, los agentes dejan claro que es importe podría «verse incrementado».
Los agentes, «tomando como referencia desde mayo del 2022 hasta febrero del año 2024», revelan que la organización habría «transferido fondos de procedencia delictiva a Portugal, China y Colombia, por un importe total de 73.902.852,60 euros».
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