El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. (Foto: Pool Moncloa/José Manuel Álvarez)
Así lo expone la UCO en un informe, al que ha tenido acceso Europa Press, sobre los análisis de las contrataciones formalizadas por parte de la comunidad autónoma de Canarias, que ha presentado ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga el ‘caso Koldo’, el instructor Ismael Moreno.
Los investigadores plasman mensajes en los que “se observa, una vez más, la influencia que Koldo ejercía en la Administración, provocada por (el presunto conseguidor de la trama) Víctor de Aldama y sus retribuciones mensuales, consiguiendo que el presidente de Canarias se encargara, directamente, de reclamar los pagos pendientes”.
En uno los mensajes, Koldo le envía al empresario una imagen de una conversación que habría mantenido con Torres, donde “éste le avisa de que le va a llamar a Antonio Olivera, aclarando que ‘estoy encima de tu pago’ y añadiendo que ‘ya está validado el material’, pese a todos los problemas ya expuestos con las mascarillas”, según la citada agencia.
La UCO detalla que la compra de mascarillas a la empresa Soluciones de Gestión por parte de la Dirección General de Recursos Económicos del Servicio Canario de Salud ascendió a 12.317.580,24 euros.
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