La UCO investiga si los González blanquearon su ‘botín’ del campo de golf del Canal con un narco

La Guardia Civil investiga las operaciones que el hermano de Ignacio González y su cuñado tuvieron con un conocido narco llamado Vicente Lamarca, uno de los diez fugitivos más buscados del país, ante la sospecha de que pudieron emplear sus contactos para lavar fondos procedentes de la corrupción.

Lo cuenta hoy el diario El Español que explica que “los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado investigan en concreto el pelotazo obtenido por Pablo González y Juan José Caballero con el campo de golf aprobado en las instalaciones del Canal de Isabel II y cómo la empresa empleada para canalizar esos ingresos (tres millones de euros), terminó haciendo negocios en 2011 con una firma extranjera controlada en España por Lamarca, detenido por introducir 425 kilos de cocaína y que se fugó en 2016 por la ventana de un baño mientras disfrutaba de un permiso especial para visitar a su madre”.

Según la tesis de los investigadores, de la que informa el digital de Pedrojota Ramírez el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González facilitó en 2006 desde la vicepresidencia autonómica que tanto su hermano como su cuñado obtuvieran unos beneficios cercanos a los tres millones de euros con una sociedad llamada Tecnoconcret. Dos años después (entre 2008 y 2011), esta empresa realizó varios canjes de acciones que los agentes consideran fuera de precio de mercado, con una sociedad de Reino Unido llamada Ulesan LTD. La firma estaba representada en España por Vicente Lamarca, que todavía no había sido detenido por la Audiencia Nacional.

“Habrá que determinar el sentido económico de estas transacciones, si bien la naturaleza alambicada de las mismas, así como la participación de un individuo con antecedentes penales por varios delitos sugiere que pudiera tratarse de algún tipo de operación instrumental de blanqueo de fondos” mantienen los agentes de la UCO en sus informes a la Audiencia Nacional, siempre según el citado medio online, que añade que en estos informes se considera “llamativo el hecho de que todas estas compras y ventas de participaciones se formalizan por unos escasos valores relativos y que la titularidad de ciertas sociedades como QualitySport es conjunta entre Tecnoconcret y Onlygolf.

Y recalca que “según los informes del instituto armado, todavía pendientes de juicio, la operación arranca en 2006, cuando el Canal de Isabel II, controlado entonces ya por Ignacio González, decide aprobar una modificación para realizar, en lugar del parque público que estaba previsto, un campo de golf en las instalaciones que la empresa mantiene en el centro de Madrid”. Un proyecto del que tanto su hermano Pablo -en prisión eludible con una fianza de cuatro millones de euros- como su cuñado Jose Juán Caballero se beneficiaron, por medio de una empresa llamada Tecnoconcret. “Estas circunstancias apuntan indiciariamente a que González pudo aprovechar sus cargos en la Administración para desviar fondos públicos a su entorno familiar», explican los informes de la Guardia Civil.

Fue al analizar el baile de pagos, clientes y concesiones que sufrió la empresa participada por Pablo González y administrada por un empresario llamado José Antonio Clemente, cuando los agentes detectaron una serie de operaciones que parecen irregulares por el precio de mercado al que se transfieren las acciones. La primera arranca en 2008 y la última culmina en junio de 2011, con la venta de parte de una filial a una sociedad llamada Ulesal LTD, que estaba representada en España por Vicente Lamarca Sánchez. «A este sujeto le constan varias requisitorias» en las bases de datos públicas » de búsqueda, detención e ingreso en prisión por delito contra la salud pública, apropiación indebida y contra la Hacienda Pública», remarcan los informes remitidos a la Audiencia Nacional.La Guardia Civil investiga las operaciones que el hermano de Ignacio González y su cuñado tuvieron con un conocido narco llamado Vicente Lamarca, uno de los diez fugitivos más buscados del país, ante la sospecha de que pudieron emplear sus contactos para lavar fondos procedentes de la corrupción.

Acceda a la versión completa del contenido