La sanidad privada reclama parte de los 10.000 millones que el Gobierno dará a las autonomías

La sanidad privada quiere que parte de los 10.000 millones de euros que va a destinar el Gobierno a las comunidades para hacer frente al gasto sanitario provocado por la crisis del Covid-19 vaya para ellos. Su patronal, ASPE, ha solicitado a las autonomías que “parte de estos fondos se dediquen a la compensación por la actividad” de este sector en la pandemia, “así como por la puesta a disposición de todos sus recursos”. Para ello, van a iniciar ya contactos con las diferentes Consejerías de Salud.

“Este país y sus gobiernos autonómicos no deben desamparar a las empresas que lo han dado todo cuando así ha sido necesario”, afirma el presidente de ASPE, Carlos Rus, en un comunicado colgado en su web.

“No entendemos que miles de empresas y cientos de miles de empleos deban pagar un castigo inmerecido cuando de facto han dado un servicio público, que debe ser respaldado con medidas que favorezcan nuestra supervivencia y no poner así en riesgo la continuidad asistencial de los hospitales en primera línea de lucha en la pandemia, así como del resto de centros sanitarios”, critica el responsable de la patronal.

Este colectivo recuerda que, además de su peso en el PIB de España (el 3,4%) y que da empleo a más de 26.000 profesionales, ha asumido la atención sanitaria de más de 25.000 pacientes de Covid-19 hospitalizados y han atendido a unos 1.200 pacientes en UCI “llegando a duplicar estas unidades en zonas como Madrid y Barcelona”. Pese a ello, “la decisión del Congreso es que la sanidad privada no participe” en la Comisión de Reconstrucción Social y Económica constituida por el Congreso. Algo que no le ha gustado nada.

Según Carlos Rus, este sector “asume una contingencia de enorme calado ante el riesgo de que las autoridades no reconozcan su participación y ayuden en el sustento económico de los centros, tanto aquellos que han tenido una participación activa en la lucha contra el Covid-19, como aquellos que han puesto sus recursos a disposición de las administraciones”.

En la mencionada nota, ASPE detalla que la sanidad privada ha vivido “tres escenarios muy distintos”. Así, en primer lugar, “se han encontrado los centros que han vivido la pandemia al 150% de su capacidad”; tras lo que “en otras zonas se les ha utilizado como circuito limpio para que la red pública atendiera a los pacientes infectados”. Por último, continúa, “en aquellos territorios en los que la incidencia de infectados ha sido muy baja, la sanidad privada solo ha atendido pacientes Covid por derivación de las mutuas y aseguradoras sin que fuera necesaria la derivación por parte de los centros públicos”.

Todo esto con un “denominador común”, que ha sido “la desprogramación asistencial no urgente o preferente generando por consiguiente que la facturación de estos centros haya caído por encima del 85% durante los meses centrales de la crisis”. Y de poco han ayudado, en su opinión, las “escasas medidas” tomadas hasta ahora, como dejar el IVA al 0% para la compra de recursos esenciales, que llegó tarde.

“La posibilidad de realizar ERTE para centros de carácter esencial llega igualmente con más de 40 días de confinamiento y solo por fuerza mayor, lo que provoca que, finalizado el estado de alarma, tendrán que cesar su aplicación entendiendo que éste finalizará relativamente pronto, por lo que carece de sentido su aplicación para muchas de las empresas del sector”, censura ASPE.

Respecto a los créditos ICO, la patronal señala que están “dirigidos a empresas solventes, situación de la que muchas de las empresas del sector ya no gozan”.

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