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La investigación sobre las presuntas irregularidades en la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí da un nuevo giro. La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha entregado al juzgado de Majadahonda que instruye el caso un informe de su departamento de cumplimiento normativo donde se advierte de posibles delitos relacionados con la contratación de un despacho jurídico. Según este informe, existen indicios de que el contrato fue simulado para justificar pagos que no se corresponden con servicios reales.
El informe, remitido por la RFEF al Juzgado de Instrucción Número 4 de Majadahonda, alerta sobre cuatro irregularidades clave: ausencia de justificación en la contratación, escasa relevancia de los servicios prestados, desproporción entre el pago y lo recibido, y un cese abrupto sin documentación de rescisión.
En total, el despacho habría facturado 235.950 euros entre octubre de 2020 y diciembre de 2023, sin que se aporten pruebas de que los servicios tuvieran un valor añadido para la Federación.
“Existen elementos que sugieren que el contrato tenía una finalidad distinta a la de prestar servicios jurídicos efectivos”, señala el documento
Esta documentación cobra especial relevancia en el contexto de la investigación que lidera la juez Delia Rodrigo por corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. Entre los investigados se encuentran los expresidentes Luis Rubiales y Pedro Rocha, así como otros colaboradores de la RFEF.
La causa gira en torno al contrato suscrito entre la Federación y la empresa pública saudí SELA, para trasladar la Supercopa masculina al país árabe. Este nuevo informe podría implicar una nueva línea de investigación centrada en contrataciones jurídicas paralelas que encubran pagos irregulares.
Según la Federación, las intervenciones del despacho contratado no se justifican con el volumen de pagos realizados. Tampoco se aportaron los informes previos exigidos por el Manual de Procedimientos Económicos, ni consta que los abogados internos obtuvieran beneficios reales de la contratación.
Además, el informe destaca la desaparición de comunicaciones con el despacho a partir de noviembre de 2023. Una fecha significativa, ya que en marzo de 2024 se produjo el registro de la Guardia Civil en la sede de la RFEF y la detención de varios empleados y colaboradores en el marco de esta misma causa.
La directora de cumplimiento normativo de la RFEF, Nefer Ruiz Crespo, propone que la documentación se remita también al Ministerio Fiscal, con el fin de que valore la posible comisión de delitos y la apertura de acciones legales independientes.
El informe es fruto de una denuncia presentada por Javier Tebas, presidente de La Liga, quien alertó sobre una posible duplicidad en los servicios jurídicos contratados por parte de la Federación. Estos servicios coincidían en gran parte con los que también prestaba otra firma ya señalada en la causa.
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