La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. (Foto: Comunidad de Madrid)
El pasado 28 de diciembre, en pleno periodo de vacaciones navideñas, el departamento de Enrique Ruiz Escudero publicaba una resolución por la que procede a la reordenación de sanitarios afectados por el cierre de los antiguos centros y la apertura de los nuevos Puntos de Atención Continuada, más conocidos como PAC.
De esta manera, los profesionales de los antiguos dispositivos que dejan de tener actividad definitivamente deben pedir nuevo centro. Adscribirse de manera voluntaria a uno de estos PAC. Y hacerlo en apenas 10 días. El plazo para solicitar plaza acaba el 12 de enero.
La respuesta por parte de los sindicatos no se ha hecho esperar. Amyts ya ha anunciado que impugnará esta resolución, que, según afirma, ha sido impuesta “unilateralmente” por la Consejería de Sanidad. Es más, ha explicado que quiere presentar una demanda judicial junto al resto de organizaciones presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad para “impugnar esta resolución y valorar otro tipo de medidas”.
El sindicato CCOO también presenta batalla y va a impugnar dicha decisión del Gobierno de Ayuso. En su opinión, “esta resolución es producto del compromiso alcanzado entre el comité de huelga de Amyts y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, en el que, además, se acordó establecer 49 Puntos de Atención Continuada con equipos completos, mientras que 28 PAC lo hacen solo con personal de enfermería y celador”.
Comisiones señala que “no se ha producido ningún tipo de negociación en este sentido” y deja claro su rechazo a este modelo asistencial. Además, exige a la presidenta de la Comunidad de Madrid “la marcha atrás de este sinsentido”.
Desde CSIF se ha denunciado que “el menosprecio y maltrato continuado” a estos profesionales de la sanidad “es constante”. “No basta con una organización nefasta de sus condiciones de trabajo, plantillas infradimensionadas, desplazamiento de los profesionales de manera continuada desde la apertura de los PAC, la no cobertura de las vacantes y las bajas ocasionadas…”, afirma. A esto hay que añadir, lamenta, dicha resolución.
Esta cuestión está siendo analizada por la asesoría jurídica del sindicato, que destaca que valorará “las actuaciones a seguir”.
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