AYUSO 2
Así se desprende del undécimo informe de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) sobre la privatización sanitaria en las comunidades autónomas. Un estudio en el que se analizan datos que en su mayoría son de 2024, aunque también hay de 2023, que dicha federación lleva haciendo desde 2014.
Desde ese primer documento Madrid se sitúa en el primer puesto en privatización. Y no ha cedido el trono a nadie. Mientras que Cataluña y Baleares han ido cambiando de posición en estos años, la región gobernada por Ayuso ha permanecido primera en todos los informes de FADPS al respecto.
De acuerdo al último informe, que analiza variables como los porcentajes de población total que estando cubierta por las mutualidades elige la atención sanitaria por seguros privados, el de camas hospitalarias privadas o el gasto sanitario per cápita en seguros privados, el grado de privatización general es de 21,3 puntos sobre un máximo de 34.
En este sentido, Madrid y Canarias son las autonomías con mayor velocidad de privatización en 2024, por delante de Baleares y Cataluña. Frente a esto, las comunidades con menor velocidad de privatización son Cantabria, Castilla-La Mancha, Navarra y Asturias.
Asimismo, da cuenta de las regiones que han tenido un “incremento llamativo” en los últimos años. La primera es Andalucía, que ha experimentado un aumento de más del 32% desde 2019. “En Canarias (32,3% de incremento) y en la Comunidad Valenciana (29,4% de incremento) han sucedido fenómenos similares”, destaca.
“En 2024 se ha producido un aumento de la privatización, en la provisión y en la financiación de nuestro sistema sanitario en general, pasando de un indicador global de 16 puntos en 2014 hasta los 21 de 2025”. Es decir, una subida del 14,7%, recoge el estudio. “Esto ha sido especialmente importante”, afirma, “a partir de 2009, como secuela de las políticas de ajuste provocada por la crisis económica”.
Según los últimos datos disponibles, continúa FADSP, España supera claramente la media de la OCDE en gasto sanitario privado, con un 28–30% del total y hasta un 3% del PIB, (frente al 21% y 2,2% de la OCDE respectivamente).
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