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La privada y la concertada se revuelven ante las últimas medidas educativas del Gobierno

La libre elección de centro educativo está en riesgo en España. Así lo aseguran las asociaciones de centros privados y concertados. “Las actuales políticas educativas están abocando al cierre”, señalan haciendo hincapié en el giro desde que el PSOE entró en La Moncloa. Un enrocamiento defensivo que se ha disparado con las últimas medidas del Gobierno de Pedro Sánchez.

Dos políticas han sido los principales mecanismos que han encendido las alarmas de este modelo: reclamar las deducciones que logran las familias con las cuotas de la concertada y la vuelta de tuerca a la actual reforma educativa que plantea la ministra de Educación, Isabel Celaá.

Las organizaciones representativas vienen cargando contra el Ejecutivo desde semanas atrás. A inicios de enero, las principales asociaciones de la concertada (Escuelas Católicas, CECE, CONCAPA, COFAPA, FSIE y FEUSO) emitieron un comunicado conjunto tras la última reunión del Consejo Escolar del Estado.

En dicho escrito, se denunciaba el “alto contenido ideológico” en la reforma educativa que se está estudiando. “Responde a un interés político, electoral y partidista que no proporciona la estabilidad necesaria”, señalaron las organizaciones en defensa de la escuela concertada.

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En este sentido, alertaron de que el Gobierno “restringe el derecho de las familias a elegir el tipo de enseñanza que quieren y asfixian el derecho a la libertad de enseñanza”. De hecho, fueron a más y cargaron contra el Ministerio de Educación por proponer un anteproyecto de ley que “relega a la escuela concertada a un papel subsidiario”.

Las entidades lamentaron “la falta de voluntad por alcanzar acuerdos” y que Celaá “se escuda en una urgencia que no existe”.

Las críticas vienen de lejos. A finales de año, la XII convención de la Asociación Española de Centros Privados de Enseñanza (ACADE) concluyó que la libre elección “no está desarrollada en España”. De ahí que decidieron reclamar al Gobierno “un cambio en el modelo de financiación educativa” con “fórmulas como el bono escolar o la desgravación fiscal”.

Se endurece el tono por las deducciones

Sin embargo, esta semana la educación ha centrado las miradas precisamente por ir en la dirección contraria a la que pidió ACADE. El Ministerio de Hacienda plantea obligar a los centros concertados que devuelvan las cuotas que pagan las familias para desgravarse el IRPF. PP y Ciudadanos salieron en tromba a cargar contra la orden.

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La Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA) no se ha querido quedar atrás. La organización ha mostrado su “más absoluta discrepancia” ante un “proceder claramente electoralista y político”. Al mismo tiempo, han aclarado que las cuotas no son más que donativos “sin ningún tipo de contraprestación”.

“Se trata de un ataque espurio en un asunto sensible para desplazar la atención de otros asuntos de mucha más relevancia que este”, han señalado. Según CONCAPA, el Ejecutivo muestra un “desconocimiento absoluto de la composición socialmente diversa de las familias que optan por la escuela concertada”.

Por su parte, Escuelas Católicas ha solicitado “prudencia” ante las informaciones que salen desde Hacienda. La entidad ha preferido lanzar un mensaje de “tranquilidad” a las familias apuntando que dichas deducciones con carácter general se han ido admitiendo desde la Administración “hace 20 años”.

La privada, en riesgo, según el sector

En todo caso, ACADE ya ha recalcado que las actuales políticas del Gobierno están dañando a los centros privados. “Esto tendrá consecuencias dramáticas en la economía del país, con la destrucción de más de 75.000 puestos de trabajo”, han sentenciado.

Por ello, la organización ha llamado a que la nueva ley de educación, aparte del cambio de modelo de financiación y de permitir desgravaciones, también “reconozca explícitamente a los centros privados” dotándoles de “una mayor autonomía pedagógica, administrativa y de gestión”.

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Un enfado de la concertada y la privada que se ha mostrado este jueves ante la intención del Ministerio de Educación de obligar a las empresas que coticen la Seguridad Social de sus alumnos con prácticas no remuneradas ha chocado con ACADE.

La Asociación Española de Centros Privados de Enseñanza, por último, ha advertido de que “muchas empresas dejarán de ofertar plazas de prácticas” si se obliga a cotizar por aquellos becarios sin remuneración. Algo que podría derivar incluso en el “colapso del sistema educativo” porque los alumnos tendrían el riesgo de no completar sus estudios.

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Marco González

Periodista o intento, por lo menos. Aprendiendo. Y todo con un mejunje en la cabeza, pero con el periodismo comprometido como pegamento de unión.

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