La pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador. - Diego Radamés - Europa Press
La pareja de Ayuso está citada este lunes para declarar ante la jueza Inmaculada Iglesias en calidad de investigado en la causa por la presunta comisión de dos delitos fiscales y uno de falsedad documental a raíz de una denuncia de la Fiscalía.
Una vez que se reciba el auto de la Audiencia, el novio de Ayuso a través de sus abogados solicitará comparecer de forma voluntaria ante la magistrada, según apuntan a Europa Press las mismas fuentes.
La magistrada acordó abrir una investigación aparte del procedimiento principal por el supuesto uso de una sociedad instrumental para «ocultar unos ingresos» del Grupo Quirón que debían haber sido declarados.
La citación de este lunes se enmarca en el procedimiento que se instruye contra el novio de Ayuso y otras cuatro personas (Maximiliano Eduardo N. G., David H. L., Agustín C. S. y José Miguel C. S.) por un presunto fraude fiscal que les atribuye la Fiscalía de Madrid. Esta causa dio lugar a otra pieza separada para la investigación de delitos diferentes.
La instrucción se centra en los supuestos indicios delictivos sobre hechos relativos al Impuesto de Sociedades correspondientes a los ejercicios de los años 2020 y 2021 y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden supuestamente con servicios realmente prestados y aportados con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer.
En el auto de apertura de diligencias, la jueza razonaba que supuestamente y «como consecuencia de estas conductas defraudatorias, el contribuyente ha dejado de ingresar a la Hacienda Pública estatal por el Impuesto de Sociedades de 2020 una cuota de 155.000 euros y por el impuesto de sociedades de 2021, una cuota de 195.951 euros».
Esgrimía que dichas conductas están tipificadas con «delitos penados en el artículo 305.1 del Código Penal en concurso medial con un delito de falsedad en documento mercantil, del artículo 392.1 en relación con el artículo 390 del Código Penal».
La Fiscalía investigó los hechos a raíz de un informe de la Agencia Tributaria que advertía de un presunto fraude fiscal al detectarse durante una investigación «unos gastos ficticios basados en facturas emitidas por diversas sociedades».
«Gastos que no se corresponden con servicios realmente prestados y todo ello con la finalidad de ingresar en el erario público menor cantidad de la que le correspondía abonar por el Impuesto de Sociedades de los Ejercicios 2020 y 2021», recoge la denuncia del fiscal.
Hace ya un año, la Fiscalía recibió de la de la Agencia Tributaria un informe referido a la entidad Maxwell Cremona Ingeniería y Procesos Sociedad para el Fomento del Medioambiente del que se deduce «determinados datos e indicios sobre hechos relativos al Impuesto Sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios del año 2020 y 2021 que pudieran resultar constitutivos de delito».
El informe hablaba de dos delitos contra la Hacienda Pública al resultar «un fraude tributario cuantificado por la Inspección de Hacienda en cuantía superior a 120.000 euros y de un presunto delito de falsedad en documento mercantil al haberse aportado unas facturas que no se corresponden con servicios realmente prestados y aportadas con la finalidad de minorar la cuota tributaria a satisfacer».
Las declaraciones se han suspendido hasta en cuatro ocasiones. La primera fue el pasado 24 de junio, pero la misma fue aplazada a instancias de la acusación popular que representa al PSOE y Más Madrid tras solicitar en un escrito que se investigaran cinco nuevos supuestos delitos a raíz de analizar un informe de la Agencia Tributaria que consta en el procedimiento.
En octubre, la jueza acordó abrir una pieza separada para investigar si la pareja de Isabel Díaz Ayuso habría incurrido en la comisión de delitos distintos de los que ya se instruyen en la causa principal al usar una empresa para «ocultar unos ingresos» con el Grupo Quirón.
La jueza aludió a un informe de la Agencia Tributaria que alertaba de una «operación artificiosa, ilícita e inequívocamente defraudatoria» en 2021 por la que, presuntamente, habría utilizado una sociedad pantalla (Masterman S.L.) mediante la cesión parcial de un contrato de servicios suscrito entre Maxwell Cremona, empresa propiedad de González Amador, y su cliente, Quirón Prevención S.L.».
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