La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en el Congreso.
La oposición ha coincidido este martes en reclamar al Gobierno que retire del Congreso el decreto ley que recoge el acuerdo de Hacienda con la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) sobre el uso de remanentes frente al coronavirus, poniendo de manifiesto la falta de apoyos del Ejecutivo para su convalidación, que debe votarse en septiembre.
Ese acuerdo salió adelante en la FEMP con el voto de calidad del presidente, el socialista Abel Caballero, pues ni siquiera recabó el voto a favor de Unidas Podemos. Transformado el decreto ley, en septiembre deberá someterse a una votación en el Pleno del Congreso y su futuro es más que incierto porque hay una mayoría absoluta dispuesta a tumbarlo.
En ese contexto, el PP pidió la comparecencia urgente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para explicar los contenidos del decreto, una solicitud debatida este martes en la Diputación Permanente y que se ha aprobado por unanimidad.
Pero, además de la comparecencia, los grupos de oposición han aconsejado al Gobierno rectificar su plan de uso de los remanentes. «Deberían retirar ese decreto, en el que sólo cree una parte del Gobierno, y negociar –ha aconsejado el vicesecretario del PP, Antonio González Terol–. La ministra debería autoenmendarse y venir aquí a explicarse».
DESDE VOX A LA CUP, EN CONTRA
El acuerdo con la FEMP ha concitado las críticas de todas las formaciones de la oposición, desde Vox hasta la CUP o Bildu, que lo tacha de «chantaje». Carolina Telechea, portavoz adjunta de Esquerra (ERC), ha querido dejar claro su «rotundo rechazo» al acuerdo y su decisión de ordenar a sus ayuntamientos que no cedan sus remanentes al Ministerio.
«El PSOE o la ministra son los únicos que van contra dirección», ha resumido gráficamente el diputado de Compromís, Joan Baldoví, quien cree llegado el momento de «rectificar y buscar un consenso».
El representante de Ciudadanos, Guillermo Díaz, también ha pedido diálogo al Gobierno, pues considera que aún se está a tiempo de buscar un acuerdo, siempre que la ministra «dé la cara» y no se empeñe en seguir «en solitario».
ESTA VEZ NO VALE CON TRAMITARLO COMO PROYECTO
Eso sí, el portavoz del PNV, Aitor Esteban, ha sido claro defendiendo la retirada del decreto para empezar de nuevo: «Esto no se arregla prometiendo enmiendas a un futuro proyecto, las medidas tienen que ser inmediatas –ha recalcado–. Tratar de ganar tiempo para luego ‘Vaya usted a saber’, no es admisible». «Es momento de que apruebe un nuevo decreto», ha añadido Laura Borràs, de Junts.
Ni siquiera Unidas Podemos ha defendido el acuerdo. El presidente del grupo parlamentario, Jaume Asens, de En Comú, ha admitido que el acuerdo de la FEMP «es poco coherente» porque supone impedir que los ayuntamientos usen sus ahorros.
Frente a las críticas, la dirigente socialista Susana Sumelzo se ha quedado sola ensalzando el decreto ley porque sostiene que se trata de «un buen acuerdo» que recoge «una fórmula voluntaria» para usar el superávit. «Aquí no se confisca ni se roba nada», ha enfatizado.
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