El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha expresado este viernes su «profunda preocupación» por los fallos en los rescates de migrantes y refugados en el Mediterráneo y ha pedido el levantamiento «inmediato» de las restricciones que impiden el trabajo de las ONG, ya que «están poniendo vidas en peligro».
El portavoz de Naciones Unidas, Rupert Colville, ha citado como motivo de «especial preocupación» las informaciones relativas a los supuestos movimientos de autoridades de Malta para frenar la llegada de pateras a sus aguas territoriales, así como por la ausencia de barcos de ONG en la zona central del Mediterráneo. Tanto Italia como Malta prohibieron el 9 de abril el desembarco de migrantes por razones sanitarias.
Las inmovilizaciones del ‘Alan Kurdi’ y el ‘Aita Mari’ han impedido la actividad de los últimos dos barcos activos en un momento en el que «las cifras de quienes intentan hacer el peligroso viaje de Libia a Europa ha aumentado drásticamente». Durante el primer trimestre de 2020, han salido de Libia cuatro veces más pateras que en el mismo periodo de 2019.
Asimismo, Colville ha advertido de que, «de ser cierto» que centros de coordinación de rescate marítimo ignoraron los mensajes de alerta lanzados desde pateras, los países estarían incumpliendo los compromisos suscritos en materia de Derechos Humanos.
La oficina que dirige Michelle Bachelet ha recordado que quienes emprenden este viaje están protegidos por el Derecho Internacional, que garantiza por ejemplo el principio de no devolución y que no sean expulsados a contextos «peligrosos», como podría ser el caso libio. El 15 de abril, una embarcación con 51 migrantes fue devuelta al país norteafricano por un barco maltés, después de un periplo marítimo que se saldó con al menos cinco fallecidos y siete desaparecidos.
La ONU tiene constancia de al menos tres embarcaciones con migrantes que esperan poder tocar tierra y, aunque ha aplaudido los desembarcos puntuales de personas en riesgo, ha pedido una solución «urgente» para todas ellas, en la medida en que «las condiciones de los buques mercantes no son adecuadas para una estancia a largo plazo».
LIBIA NO ES LA SOLUCIÓN
La interceptación de estas embarcaciones por parte de la Guardia Costera de Libia tampoco es solución, habida cuenta de que los migrantes terminan de vuelta en el país del que escaparon, aislados en centros de detención donde se enfrentan a «horribles condiciones» que incluyen «tortura y malos tratos, violencia sexual, falta de atención médica y otros abusos de Derechos Humanos».
«Estas superpobladas instalaciones también tienen un elevado riesgo, por supuesto, de verse afectadas por la COVID-19», la enfermedad derivada del nuevo coronavirus, ha señalado Colville.
«Pedimos una moratoria de todas las deportaciones y las devoluciones a Libia», ha agregado, recordando que también durante la pandemia deben respetarse las obligaciones internacionales hacia los migrantes y refugiados. Esto pasa, entre otras cosas, por un «rápido desembarco» en un «puerto seguro».
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