La ONU pide limitar los alquileres y señala a los culpables de la ‘reburbuja inmobiliaria’

La ONU tiene claros quiénes son los culpables del aumento del precio de la vivienda (y no es la demanda). La Relatora Especial de Naciones Unidas sobre una vivienda adecuada detalla en un informe los motivos que hay detrás de la ‘reburbuja inmobiliaria’ y aboga, entre otras cosas, por un marco regulador del alquiler que limite los precios, “imponiendo controles o congelando los precios de los alquileres cuando sea necesario”.

La relatora, en un documento con las ‘Directrices para la Aplicación del Derecho a una Vivienda Adecuada’, analiza el papel de la inversión privada en el mercado inmobiliario, un protagonismo que “ha cambiado en los últimos años». “La vivienda se ha convertido en la mercancía de elección de las instituciones financieras corporativas, una garantía para los instrumentos financieros que se comercializan a distancia en los mercados mundiales”, afirma en este informe.

En su opinión, “los inversores institucionales compran grandes cantidades de viviendas asequibles y sociales (a veces barrios enteros), desplazando a las familias y comunidades de menores ingresos”. “Las personas y corporaciones ricas”, continúa, “utilizan los bienes inmuebles residenciales para aparcar capital, eludir impuestos u ocultar ganancias adquiridas ilícitamente”. Esto ha provocado “que se hayan inflado los precios del suelo y de la vivienda, y que partes notables del parque inmobiliario hayan quedado vacías”.

La Relatora de Naciones Unidas también pone el acento en los Estados, que “han facilitado y fomentado el cambio en el papel que desempeña el sector privado en el ámbito de la vivienda”. “Han concedido desgravaciones fiscales a especuladores inmobiliarios, ventajas fiscales a los propietarios de viviendas y permisos especiales de residencia a los inversores extranjeros”, y “han desregulado los mercados de alquiler y fomentado el tipo de desarrollo dedicado principalmente a producir viviendas para ricos”. Muchos países, lamenta, “han tratado la vivienda como una mercancía para el comercio y la especulación, en lugar de como un bien social y un derecho humano”.

Ante esto, defiende la necesidad de un “cambio de rumbo” de manera “urgente”. “La naturaleza de las obligaciones que los Estados han de imponer a las empresas que intervienen directamente en el desarrollo o la propiedad de la vivienda difiere de la de las obligaciones que se aplican a otras empresas que no se dedican a suministrar bienes que son también un derecho humano”. Para esta responsable de la ONU hay toda una serie de medidas que se deberían aplicar que, en primer lugar, pasan la regulación de la actividad empresarial para “evitar que las inversiones tengan efectos negativos en el derecho a la vivienda”.

En este sentido aboga por impedir “toda privatización de vivienda pública o social que reduzca la capacidad del Estado para garantizar el derecho a una vivienda adecuada”. Además, pide “un marco regulador del alquiler que preserve la seguridad de la tenencia y la vivienda asequible para los inquilinos, por ejemplo, limitando los precios de los alquileres, imponiendo controles o congelando los precios de los alquileres cuando sea necesario”.

La “divulgación completa y pública de todas las inversiones en viviendas residenciales para contribuir a prevenir la corrupción, el blanqueo de dinero, la evasión de impuestos y la elusión fiscal” es otra de sus propuestas, así como gravar “la especulación con bienes inmuebles residenciales y terrenos a fin de frenar la reventa a corto plazo de propiedades” y “los bienes inmuebles residenciales desocupados”.

La relatora, en este informe, incluye también la eliminación de las desgravaciones fiscales preferentes para los propietarios de viviendas y las sociedades de inversión inmobiliaria y los incentivos para la inversión extranjera en bienes inmuebles residenciales, como la concesión de visados preferenciales y de la ciudadanía.

En esta amplia lista de medidas expuestas por la responsable de vivienda de la ONU se incluye la revisión de “todas las leyes y políticas relacionadas con los atrasos en el pago de alquileres e hipotecas y con las ejecuciones hipotecarias a fin de garantizar que sean compatibles con el derecho a una vivienda adecuada”. En este sentido, incluye la obligación de impedir todo desalojo que conlleve que haya personas que se queden sin vivienda.

“Los Estados deberían exigir a los bancos y otros acreedores que eliminen los obstáculos al acceso al crédito para las mujeres, las familias jóvenes, los residentes de asentamientos informales y otras personas que necesiten financiación para la vivienda”, sostiene.

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